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UPN propone un veto a la Ley de Memoria Democrática

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UPN propone un veto a la Ley de Memoria Democrática porque las víctimas de ETA también son memoria democrática de España”

El senador de UPN por Navarra Suma, Alberto Catalán, ha presentado en la Cámara Alta un veto o enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Memoria Democrática porque “olvida a las víctimas de ETA y ellas también son memoria democrática de España”.

Para Catalán, “el olvido de las víctimas de la banda terrorista ETA, el cuestionamiento de la transición, y el acuerdo con Bildu son motivos más que suficientes para presentar una enmienda a la totalidad a un proyecto que es un claro ejemplo del sectarismo y adoctrinamiento que viene caracterizando las políticas de este Gobierno y sus socios de extrema izquierda e independentistas”.

El senador de UPN ha denunciado que la nueva norma cuestione el espíritu de la Transición y, en concreto, de la Ley de Amnistía de 1977.

En este sentido, ha recordado que la Ley de Amnistía fue aprobada en el Congreso de los Diputados por abrumadora mayoría y que supuso, según manifestaron diferentes portavoces, como Txiki Benegas, del PSOE, “la superación de la división que ha sufrido el pueblo español en los últimos cuarenta años”.

Además, Catalán indica que el manifiesto «Por la Concordia y en Defensa de la Transición», suscrito por personalidades de diferente signo político, entre ellos exministros y expresidentes socialistas del Senado como Laborda y Rojo, “exige el replanteamiento de la Ley de Memoria Democrática, al no tener ‘lo suficientemente en cuenta principios jurídicos básicos como la legalidad, la seguridad jurídica o la irretroactividad de normas no favorables’”.

Para el senador regionalista, además de cuestionar el pacto constitucional de 1978, la ley amplía el denominado ‘período sospechoso’ de la dictadura hasta el 31 de diciembre de 1983, y lo hace a través de una propuesta expresamente acordada con Bildu, lo que supone “una forma, otra más, con la que el Gobierno pretende blanquear a los herederos de ETA para conseguir sus votos y mantenerse en el poder sin que éstos hayan formulado condena alguna de los crímenes cometidos por la banda terrorista ni colaborado en el esclarecimiento de los más de 300 atentados sin aclarar”.

“Son los mismos –prosigue– que organizan homenajes a etarras excarcelados, humillan a las víctimas, no condenan las agresiones a concejales de UPN, como los ocurridos en la Calle Curia de Pamplona durante los sanfermines”.
Asimismo, ha criticado que no se mencione la persecución religiosa que se dio en España en diferentes periodos del siglo pasado.

A este respeto, Catalán ha señalado que “hablar de la memoria histórica de España y centrarla exclusivamente en una parte de la misma, obviando el resto, no es lo más apropiado desde el punto de vista de la objetividad histórica que debiera caracterizar un texto de estas características”.

Por todo ello, el senador considera que la norma supone, “salvo en lo relativo a la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil, así como a las medidas reparadoras, que UPN apoya, una cesión al independentismo y la extrema izquierda y se aleja peligrosamente del espíritu de la Transición”.

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