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Aumentan los atentados a policías, mientras se ultima la ley de Seguridad Ciudadana

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Aumentan las condenas por atentados a policías, mientras Marlaska ultima la ley de Seguridad Ciudadana

Las agresiones y atentados contra policías tocaron techo en 2021, hasta alcanzar 14.660 condenas. Mientras marlaska, ministro de Interior ultima la Ley de Seguridad Ciudadana rechazada por todas las policías, locales, autonómicas y del Estado.

Una reforma de ley que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en innumerables ocasiones ha exigido la retirada de varios artículos. Ante el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y los grupos parlamentarios.  Hoy conocidos los dramáticos datos, vuelven «a reclamar que se tenga en cuenta a las organizaciones sindicales de la Policía Nacional en la elaboración de la citada reforma».

El año 2021 España registró el número de condenas por atentado a la autoridad más elevado de la última década. Los datos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) demuestran que, de una media de 12.000 condenas anuales por este delito se ha pasado a las 14.660. «Se trata de un aumento cercano al 20% de las condenas por agredir a funcionarios públicos y agentes», denuncian desde SUP.

Lo peor, continúa el sindicato de Policía, «todo esto ocurre en un contexto social y económico complicado que no tiene visos de mejorar, junto a la quiebra del principio de autoridad que desde esta Organización venimos constatando en los últimos años».

Sin embargo, añade, que el Gobierno (PSOE-Podemos) «lejos de garantizar la protección de los policías aceleran los trámites» para presentar antes de finales de este año una “reforma a la baja” de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana. «Lo hacen sin contar con uno de los colectivos más afectados, el de las FCSE (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado)», critican.

Además recuerda que «esta nueva reforma ya pactada al 80%, pretende rebajar el castigo por desobediencia a los agentes, recortar los medios de contención para hacer frente a altercados violentos de carácter multitudinario, retirar la prohibición de difusión sin autorización de imágenes grabadas a policías en su trabajo, o rebajar la presunción de veracidad de los relatos de los policías frente a los de los presuntos delincuentes en las actas policiales. También, dispone el levantamiento de la prohibición de manifestación sin advertencia previa a las delegaciones del Gobierno».

SUP insiste «en el rechazo rotundo a estas modificaciones que, creemos, favorecen la impunidad de los delincuentes y potencian la inseguridad jurídica y la desprotección de los policías».

«En defensa de los policías, pero también de las libertades y el derecho a la seguridad de los ciudadanos, exigimos que se retiren los cambios previstos en la Ley, e insistimos en la necesidad de contar con la opinión de los agentes para abordar un asunto de tal relevancia», concluyen.

Contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Responde Pablo Pérez JUPOL

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