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El Tribunal Supremo mantiene la prisión para los socialistas Griñan y la inhabilitación para Chaves por el caso ERE en la Junta de Andalucía, presidida por ambos respectivamente
El tribunal de la Sala II del Tribunal Supremo (TS) compuesto por los/as Magistrados/as Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre (Presidente), Ana Ferrer García, Susana Polo García, Carmen Lamela Díez y Eduardo de Porres Ortiz de Urbina (Ponente) ha concluido la deliberación de los recursos de casación interpuestos contra la sentencia 490/2019, de 19 de noviembre de 2019, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla (Caso ERE).
El texto íntegro de la sentencia será publicado una vez se redacte el voto discrepante anunciado por las Magistradas Ana Ferrer García y Susana Polo García.
Así pues, por mayoría de tres a dos magistrados, el TS confirma la pena de seis años y dos días de prisión para el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por un delito de malversación de caudales públicos; y de nueve de inhabilitación para su antecesor, el ex presidente, también socialista, andaluz Manuel Chaves.
«Se mantienen los restantes pronunciamientos», dicta el alto Tribunal, de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, de manera que, junto a Griñán, también tendrán que entrar en prisión los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández.
Además, la sentencia del TS absuelve del delito continuado de prevaricación administrativa a Javier Aguado Hinojal, a Juan Francisco Sánchez García y a Lourdes Medina Varo. Y declara de oficio las costas procesales de primera instancia y las derivadas de sus recursos de casación.
No obstante, «condena a Juan Márquez Contreras como autor responsable de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, en relación de concurso ideal, apreciando la atenuante analógica y muy cualificada de reparación del daño, con la consiguiente reducción de sanciones, imponiéndole la pena de prisión de 3 años, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la pena de inhabilitación absoluta de 7 años y 6 meses y privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tuviere el penado o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, con imposición de las 2/37 partes de las costas procesales de primera instancia y declarando de oficio las causadas con su recurso de casación».
El TS prorroga el plazo para dictar la sentencia del ‘caso ERE’
