Pedro Sánchez, con la vicepresidenta, Carmen Calvo, y los ministros José Luis Ábalos, María Jesús Montero, y Nadia Calviño. Archivo.
NAVARRA INFORMACIÓN
la Fiscalía Anticorrupción investigará, de los 13 denunciados, siete grupos de contratos del Gobierno de Sánchez denunciados por Ayuso
Entre ellos los fondos destinados a la empresa donde trabaja el marido de Nadia Calviño y a otra en la que tendrían intereses los padres de Pedro Sánchez. Además, serán investigados también los contratos realizados por el ahora exministro de Sanidad, Salvador Illa, y el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
El fiscal jefe indica que los hechos denunciados «revisten especial trascendencia» por lo que incoa diligencias para el esclarecimiento de los mismos.
La Fiscalía Anticorrupción ha resuelto abrir un total de 7 diligencias de investigación sobre otros tantos contratos, compras ayudas o adjudicaciones del Gobierno de Sánchez (PSOE-Podemos) que fueron denunciadas por orden de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado marzo.
Se investigarán, entre otras, las ayudas del Gobierno a Plásticas Playbol, una empresa en la que, según decía la denuncia, tendrían intereses los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trataría de un total de 14 ayudas públicas por importe de 64.959,82 euros en calidad de avales.
Según la denuncia, a Soluciones de Gestión y Apoyo por tres contratos directos uno de la empresa pública Puertos del Estado por valor de 24,2 millones de euros, otrotambién directo, procedente de ADIF por importe de 12,5 millones y uno más, de Interior, por 3.479.355 euros.
La denuncia señala que Soluciones de Gestión y Apoyo se dedica a asesoramiento en energía, agua e infraestructuras agrícolas y opera en Angola, Guinea o Túnez, y pese a no haber tenido facturación en 2019, fue elegida para suministrar material sanitario.
A FCS Select Products, por recibir cuatro contratos para suministrar mascarillas, guantes y gafas de protección por un importe de 236.126.600 euros. desde el Ministerio de Sanidad, no siendo tampoco una empresa destinada a la fabricación de material sanitario. La denuncia añadía que su administradora tenía antecedentes por estafa agravada y recibió en 2020 «adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación».
Members of The Tribe, beneficiaria de dos contratos de Sanidad para suministrar guantes por importe total de 9 millones, vendiendo el producto a 0,10 euros la unidad, «un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores» según la denuncia.
Otras dos también contratadas por Sanidad: Weihai Textile Group, para el suministro de 500.000 batas desechables por un valor de 10.192.605 euros a 16,7 euros la unidad, «un sobrecoste incomprensible, inasumible e inadmisible», de acuerdo a la denuncia del Grupo Popular en la Asamblea. A Hyperin, de nuevo, que se dedica a la fabricación de «yesos de construcción» se le adjudicó la adquisición de 144 dispositivos de ventilación mecánica por un valor de 3.310.000 euros. Seegún la dinuncia, Sanidad habría adelantado la totalidad del importe pero la empresa no pudo suministrar todo el pedido y aún tiene pendiente de devolver 1.801.481 euros.
De 13 contratos, serán investigados 7
La Asamblea de Madrid denunció ante la Fiscalía Anticorrupción 13 operaciones por importe superior a 326 millones de euros. De ellas se incoarán diligencias sobre las 7 relativas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., FCS Select Productos S.L, Member Of The Tribe S.L, Weihai Textile Group Import & Export, Hyperin Grupo Empresarial, Beedigital, e industrias plásticas Playbol. Tal y como está recogido en el decreto firmado este viernes por el fiscal Jefe Alejandro Luzón, que llevará personalmente parte de las investigaciones.
La denuncia de los contratos, fue interpuesta por un diputado del PP de la Asamblea de Madrid después de que esta misma Fiscalía comenzara a investigar el contrato de compra de mascarillas del que cobró el hermano de Ayuso. Denuncia que fue ampliada por la propia Asamblea.
Así pues, Anticorrupción, al igual que con el contrato del hermano de Ayuso, excluye cualquier participación «ab initio» de personas aforadas. Hecho que determina que la competencia sea suya y no de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
