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Navarra destinó más de tres millones de euros a garantizar la asistencia jurídica gratuita

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Navarra destinó más de tres millones de euros a garantizar la asistencia jurídica gratuita

Los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita de Navarra, gestionados por el Servicio Social de Justicia, dedicaron en 2020 más de 3 millones de euros a garantizar que cualquier persona, independientemente de su situación económica, tenga capacidad de defender sus derechos ante los Juzgados y Tribunales mediante una asistencia profesional de calidad.

Durante el pasado año, se aprobaron más de 7.400 solicitudes, en un periodo en el que su número total descendió un 10% debido, principalmente, a la reducción de los procedimientos judiciales iniciados en los meses más duros del confinamiento.

Es la Dirección General de Justicia quien subvenciona, con cargo a las dotaciones presupuestarias, la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los colegios de abogados y procuradores.

En concreto, de los 3.023.458,26 euros que se les abonaron, 1,83 millones corresponden al Colegio de Abogados de Pamplona; 421.000 al de Tudela; 249.000 al de Estella; y 186.000 al Colegio de Abogados de Tafalla. Por su parte, el Colegio de Procuradores ha percibido más de 331.000 euros.

De ese total de más de 3 millones, el turno de oficio supuso una inversión de 2,03 millones de euros; mientras que se dedicaron 599.000 al pago de guardias y casi 331.000 a la financiación de la infraestructura necesaria.

La cantidad abonada a los colegios profesionales en 2020 supone un descenso del 7’5 % respecto al ejercicio 2019, por ese descenso de demanda durante el estado de alarma. De hecho, fue en el segundo trimestre del año cuando más bajó el gasto de los colegios por expedientes de justicia gratuita.

Como se recordará, la Dirección General de Justicia adelantó en abril de 2020 el abono de los servicios de justicia gratuita prestados durante el primer trimestre. El objetivo era permitir a las y los profesionales implicados mantener su actividad, y asegurar el sistema.

Último ejercicio con el actual decreto regulador

Este sistema de asistencia jurídica gratuita está regulado por un decreto foral de 2012, que fue revisado en 2018 en sus términos económicos y en las retribuciones por guardias, asistencias y expedientes tramitados. El director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, ha recordado que la justicia gratuita es “una política social importante”, y ha expresado “el agradecimiento de esta dirección general por la profesionalidad de la abogacía y la procura, y el compromiso social que demuestran  para mantener una calidad excelente en el servicio de justicia gratuita”.

El Gobierno ha trabajado con los representantes de estos profesionales para remodelar el decreto regulador del servicio, con el objetivo de “mejorarlo, hacerlo más racional, e incluir y garantizar prestaciones no contempladas anteriormente, o servicios que en 2012 no existían”.

Sainz de Rozas ha adelantado, al respecto del nuevo Decreto Foral sobre Justicia Gratuita, que introducirá el principio de que “un mismo profesional atienda a la persona detenida desde el mismo momento de su detención hasta el final del proceso penal, lo que beneficia sin duda su defensa”. En ese sentido, ha aclarado que se hará “siempre salvaguardando la autonomía organizativa de los colegios profesionales”.

Sobre cómo cambiará la distribución de la inversión en justicia gratuita, Rafael Sainz de Rozas ha señalado que “aumentará la cuantía total destinada a retribuir a los y las profesionales que prestan el servicio”; y que se dotará de “mayor racionalidad, coherencia, igualdad y cohesión territorial” a todos los servicios prestados.

En palabras del director general de Justicia, “se modificará el sistema de retribución para acabar con discriminaciones históricas de los colegios que atienden a menos población, como es el caso de los de Tudela, Tafalla y Estella.

7 de cada 10 expedientes, en Pamplona

Los datos del año 2020 son un buen ejemplo de la desigualdad poblacional entre los diferentes colegios. Casi 7 de cada 10 expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita se tramitaron en el Partido Judicial de Pamplona. No obstante, merece una especial mención el Partido Judicial de Tudela, que únicamente descendió en el segundo trimestre, mientras que en los restantes periodos – y al contrario de la tendencia en el resto de partidos – creció de forma notoria.

Durante 2020, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita resolvió un total de 8.403 expedientes: 7.234 abiertos en 2020, y 1.169 correspondientes a ejercicios anteriores (básicamente provenientes de finales de 2019). De esos 8.403 expedientes resueltos, se concedieron al 100% 7.407 solicitudes, lo que supone un 88% de las mismas. Se denegó por completo el 8’5% de los expedientes, mientras que en el 3’5% restante se concedieron los servicios de un abogado o mediador.

Por jurisdicciones, cabe destacar que los meses de confinamiento decretado como consecuencia del estado de alarma influyeron en una menor conflictividad en las jurisdicciones civil, penal y social, mientras que las materias de extranjería y contencioso administrativas no se vieron tan afectadas.

Así, el aumento en las cuestiones contencioso administrativas fue del 40% respecto al 2019; y, en temas de extranjería, se continuó con la tendencia al alza de años anteriores. Se produjo un crecimiento interanual cercano al 24%.  La jurisdicción que más descendió fue el orden social, con una caída del 18% en expedientes tramitados.

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