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El “pentapartito” defiende la ocupación ilegal frente a la propiedad privada en Navarra

NAVARRA INFORMACIÓN.ES

El “pentapartito” ha votado contra de defender la propiedad privada frente a la ocupación ilegal en las viviendas

El “pentapartito” (PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra) en la Comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior  del Parlamento de Navarra ha rechazado una moción de Navarra Suma por la que se instaba al Gobierno de Navarra a “impulsar las medidas necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas”.

Navarra Suma (NA+) proponía “elaborar un Plan Foral contra la Ocupación Ilegal de Viviendas y edificios públicos, con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, que incluya tanto medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica”.

Además pedía “habilitar un número de teléfono de tarificación especial, de los llamados 900, que sea gratuito y donde se centralicen las reclamaciones sobre viviendas ocupadas y se pueda asesorar a los propietario”. De forma “que las llamadas a dicho número de teléfono de tarificación especial pongan en contacto a quien llame con personal especializado que bien puede ser de la propia Dirección General de Interior o Vivienda, o de alguna empresa dependiente del Gobierno de Navarra y especializados en el sector, para orientar y realizar las gestiones necesarias para lograr el desalojo de la vivienda ocupada”.

La moción incluía un segundo punto que emplazaba al Ejecutivo Foral a “potenciar la coordinación y la cooperación institucional, así como la elaboración de un protocolo común de actuación, para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Foral de Navarra y las Policías Municipales, así como con la Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas”.

Por último, se instaba también al Gobierno de Navarra a  “promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas”, tanto al Gobierno de Sánchez como en las Cortes Generales.

Desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente

Navarra Suma proponía “agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del inmueble por cualquier medio válido en derecho; habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos”.

Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas; así como endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas”.

En la exposición de motivos, NA+ recordaba el “elevado crecimiento” que han experimentado las ocupaciones ilegales, un “fenómeno enormemente perjudicial que carece de solución justa y eficaz”, puesto que el ordenamiento jurídico, según se precisa, “es incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad”.

Todo ello teniendo en cuenta los dos tipos de ocupaciones ilegales, por un lado, las llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que “perpetran las ocupaciones con una finalidad lucrativa aprovechándose de personas en situación de vulnerabilidad”; y por otro lado, las ocupaciones realizadas por “grupos antisistema”.

Por último invocaba al derecho fundamental a la propiedad privada, reconocido en la Constitución española y en el Código Civil para exigir su protección. Al respecto hacía alusión a los “procedimientos rápidos y eficaces” que disponen países como Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca para “devolver la propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo propietario”, para advertir que en España “se han llevado a cabo modificaciones legislativas que van en dirección contraria a garantizar este derecho a la ciudadanía”.

A la sesión, presidida por Carlos Pérez-Nievas (Navarra Suma), han asistido, además, Alberto Bonilla, Ángel Ansa, Isabel Olave, José González, Elena Llorente, (Navarra Suma), Virginia Magdaleno, Arantza Biurrun, Inma Jurío (PSN), Blanca Regúlez, Jabi Arakama (Geroa Bai), Maiorga Ramírez, Laura Aznal (Bildu), Mikel Buil ( Podemos) y Marisa de Simón (I-E).

 

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