Irene Montero, ministra de Igualdad. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El rechazo en pleno del CGPJ a la llamada Ley Montero no deja en buen lugar a la ministra, ni a su equipo. El Pleno ha aprobado por unanimidad la ponencia elaborada por los vocales de éste, Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda, un informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que critica los puntos clave de la Ley Montero del ‘sólo sí es sí’.
En cualquier otro país ese proyecto de Ley ya habría sido retirado y su promotor habría presentado su dimisión o se le habría cesado de inmediato.
Pero aquí en este país, esto ya viene resultando imposible. Nadie dimite, sino todo lo contrario, se “la trae al pairo” lo que les pase o se les diga.
En este caso, el proyecto de ley del Gobierno vulnera la presunción de inocencia del investigado “se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto”.
Un poco de cordura se impone en la judicatura. Es de esperar que esto no cambie y que las presiones del gobierno no hagan mella en un CGPJ bastante vituperado estos días y que, lamentablemente, se ha convertido en el juego de los cromos.
Quizás, seguramente, para evitar en un futuro que haya dictámenes contrarios a los gobiernos de turno.
