La Justicia sigue manteniendo el tipo en este país.
Ahora ha marcado el camino para que, llegado el momento, se pueda juzgar con garantías de conseguir culpables por la mala gestión de esta pandemia que seguimos padeciendo y sufriendo.
El Tribunal Supremo se ha posicionado contra la Fiscalía, que apostaba por un archivo generalizado de las querellas y denuncias presentadas, y decide que se debe investigar la gestión de la pandemia del coronavirus. Ha determinado el proceder a los tribunales ordinarios, los llamados de instrucción al no ver, por el momento, justificada debidamente la autoría de los hechos atribuidos al Gobierno de Sánchez e Iglesias.
No obstante, el alto tribunal ve conductas que a su juicio deben ser analizadas por los juzgados ordinarios, a los que remite las querellas presentadas por falta de medios para sanitarios o policías, contratación de material fallido y la gestión de las residencias.
Las querellas y denuncias iban dirigidas contra el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo, así como presidentes de comunidades autónomas, todos ellos con fuero, es decir, su investigación y en su caso su enjuiciamiento son potestad del Tribunal Supremo.
Una vez demostradas fehacientemente, será el momento de que el juez de instrucción, en su caso, eleve una exposición razonada sobre ellos al Supremo y valore la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado, y condene a los culpables, pero mientras tanto, aconseja que se eviten las generalidades y se precise más.
Las pruebas están ahí. Es hora de presentarlas. Por los miles de víctimas habidas y por haber.