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El Gobierno de Navarra prevé reducir los residentes a 130 para mayores y 70 para discapacitados

NAVARRAINFORMACIÓN.ES

El Consejo de Navarra evaluará el proyecto de Decreto Foral que regulará las residencias, que el Gobierno de Navarra prevé limitar a 130 las plazas para los nuevos centros de mayores y a 70 para los de discapacidad

Una modificación que quiere poner en marcha el Gobierno de Navarra a finales de este año.

El Gobierno de Navarra ha tomado en consideración el proyecto de decreto foral que regula el funcionamiento de los servicios residenciales, de día y ambulatorios de las áreas de mayores, discapacidad, enfermedad e inclusión social. Se ha aprobado también remitirlo al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen.

El Departamento de Derechos Sociales prevé que esta nueva norma, que limita a 130 el número de plazas en las residencias de mayores y a 70 en los centros de discapacidad, esté aprobada antes de final de año. Se posibilitará así poner en marcha nuevos modelos residenciales, uno de los compromisos del acuerdo programático entre las fuerzas políticas que conformaron el Gobierno de Navarra.

El borrador del texto también contempla un número máximo de personas en las unidades de convivencia de los centros: 16. Se trata de crear espacios más agradables y habitables para los y las residentes en la línea del nuevo modelo de atención pensado en la persona, que impulsa el Departamento de Derechos Sociales, contando con la propia persona y su proyecto de vida.

Asimismo, el texto recoge la creación de indicadores de calidad, o el desarrollo de las homologaciones, por lo que era preciso desarrollar la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.

Del mismo modo, el régimen de control de la prestación de los servicios sociales requiere adaptar la regulación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los servicios, que establece disposiciones para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios.

El Ejecutivo foral quiere adaptar la normativa que establece los requisitos que deben reunir las personas o entidades que quieran poner en marcha servicios sociales, para garantizar a las personas usuarias un adecuado nivel de calidad. El Decreto Foral que regula las autorizaciones de los centros datos de 1991, por lo que se requiere un nuevo desarrollo legislativo acomodado a las nuevas necesidades de centros socios-sanitarios.

Elaboración participada

Para la elaboración del texto, cuyo procedimiento comenzó en noviembre de 2019, se ha contado con la participación del Consejo Navarro de Bienestar Social, que estableció las líneas principales del borrador, los objetivos del mismo y el calendario de trabajo.

En el primer trimestre de 2020 tras distintas sesiones de trabajo con la Comisión de Autorizaciones, Registro y Homologaciones con la Red de calidad y algunas de las entidades del sector, se recogieron varias aportaciones al contenido.

En los meses de mayo y abril se incorporaron las sugerencias aportadas por las organizaciones sindicales, grupos políticos y entidades como el Consejo de Personas Mayores.

En el periodo de exposición pública se recibieron un total de 230 aportaciones al contenido procedentes de 45 personas, o entidades relacionadas con los ámbitos de las personas mayores, discapacidad, enfermedades mentales e inclusión social. También se sometió el texto al Consejo del Menor al incorporarse una disposición transitorio para una aplicación parcial de algunos aspectos relacionados con los centros de menores, tal y como se solicitó en el proceso participativo.

Entre las principales iniciativas aportadas para enriquecer el texto destacan las relativas a los derechos de las personas usuarias, su participación, as condiciones del personal, la atención específica a personas con discapacidad o enfermedad mental, las experiencias de innovación social, la metodología y evaluación, el apoyo de la Administración, los ratios y exigencias materiales, voluntariados, unidades de convivencia o medidas preventivas ante las crisis sanitarias de salud pública.

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