David Muñoz Lagarejos
España se encuentra, al igual que otros países de nuestro entorno, en una crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria que se padeció hace pocas semanas como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Esta crisis económica acaba de comenzar y ya deja destellos de lo que acabará siendo; por ejemplo, la destrucción de empleo, el aumento del gasto público por los estabilizadores automáticos, la pérdida de ingresos impositivos por la caída de la actividad económica, etc. Todo ello nos da cierta idea del escalabro que se va a producir en el déficit público y, por tanto, en la deuda pública.
Los datos reflejan que España parte de una situación muy negativa. El déficit público de 2019 se situó en el 2,8% del PIB (un aumento de 0,3% del PIB respecto al déficit de 2018), con un aumento del déficit estructural. Por su parte, la deuda pública se situó en un 95,5% del PIB. En ambas variables económicas nos situamos en posiciones de cabeza respecto a los países de la UE. Los efectos económicos de la pandemia harán que tanto el déficit como la deuda se disparen. Así, el Gobierno prevé, en su Programa de Estabilidad, un déficit que sobrepasaría el 10% del PIB en 2020. En esta línea se han pronunciado diferentes instituciones y organismos económicos, como el Banco de España, la AIReF, BBVA Research, Funcas, etc. Todos ellos coinciden en que el déficit público de 2020 sobrepasará dicho 10%. Por otro lado, el Programa de Estabilidad prevé que la deuda pública ascienda este año hasta el 115,5% del PIB. Estas instituciones y organismos económicos a los que hago referencia también prevén una deuda pública que sobrepase el 110% del PIB, en función de los escenarios y el comportamiento de la economía española respecto a las medidas sanitarias y las fases de desescalada.
Así pues, queda claro, en base a dichas estimaciones, que España comenzará 2021 con unas cuentas públicas en una situación nefasta. Las consecuencias económicas del Covid-19 ahondarán en la nefasta gestión de los últimos años y el poco esfuerzo realizado por alcanzar la sostenibilidad fiscal. La recuperación económica post coronavirus no está garantizada y prueba de ello es que el Gobierno abandonó hace semanas la idea de recuperación en «V» y ahora habla de «V asimétrica», una especie de eufemismo que confirma que la recuperación llevará su tiempo y la vulnerabilidad de la economía previa al shock de 2020 puede mermar la capacidad de dicha economía para volver al nivel previo a esta crisis.
¿Cuál debe ser, pues, la línea a seguir por el Gobierno? La situación fiscal deja un escenario con dos caminos: subir impuestos para aumentar la recaudación o reducir el gasto público, o bien un mix de ambas. La evidencia nos dice que a la hora de enfrentar una recesión económica, reducir el gasto produce menos efectos adversos en la economía que aumentar los impuestos. Ahora bien, la ideología del Gobierno propugna lo contrario: subir todos los impuestos que sean posibles; ni una palabra de reducción y racionalización del gasto.
Ahora bien, subir los impuestos en una crisis originada por un shock de oferta no es lo ideal. Y menos, disfrazarlo de un aumento solo a rentas altas, patrimonios superiores a 1 millón de euros y grandes empresas. El déficit público ascenderá, como mínimo, a unos 120.000 millones de euros. La recaudación de dichas medidas no llega, ni en el mejor de los casos, a 20.000 millones (sin tener en cuenta que las previsiones de ingresos no son realistas; por ejemplo, el Impuesto a las Grandes Fortunas propuesto por Podemos prevé recaudar 11.000 millones, cuando el Impuesto de Patrimonio, similar a aquél, apenas recaudó algo menos de 3.000 millones en pleno auge económico de 2007). El Gobierno sabe que, por un lado va a subir los impuestos a todos, no solo a lo mencionado anteriormente y, por otro lado, va a tener que recortar el gasto público, quiera o no.
España terminó 2019 con un 2,8% del PIB de déficit público y un déficit estructural que sobrepasó el 3% del PIB. Los efectos del coronavirus provocarán un aumento de ambos. El déficit estructural se podría situar en el 5% del PIB, según la Comisión Europea. Quien piense que solo subiendo impuestos se soluciona todo, está equivocado.
La mejora de la eficiencia del gasto público, como aconsejan continuamente desde el Banco de España o la AIReF, entre otros, es primordial. Los recortes en ciertas partidas presupuestarias consideradas superfluas, burocracia, servicios públicos que puedan ser externalizados, ámbitos de actuación pública que deberían liberalizarse, etc., inevitable, si no queremos que nuestra vulnerabilidad económica derivada de una nefasta situación fiscal empeore.
La «sostenibilidad presupuestaria» es la capacidad de un Gobierno para mantener a medio y largo plazo su nivel de gastos e ingresos, sin disparar el nivel de deuda/PIB, es decir, que su solvencia no se vea amenazada ni incumpla ninguna de sus obligaciones o gastos comprometidos. Del mismo modo, dicha sostenibilidad, de la mano de un sector público eficiente, es el binomio que permite un crecimiento económico sostenido y sostenible, un aumento del bienestar y aquel que hace posible las reformas necesarias que favorezcan la creación de empleo.
Este ha sido un reto de España en los últimos años, en la que la deuda pública se ha disparado desde el 35% del PIB en 2007 al actual 95,5% del PIB y las previsiones de una deuda > 115% PIB para el final de este año. Confiar la sostenibilidad de las cuentas públicas tan solo en un aumento de la recaudación en una situación como la actual (cayendo el empleo, el consumo y la inversión) es de ciencia ficción. La sostenibilidad presupuestaria también pasa por un recorte del gasto público, junto a una mejora de la propia eficiencia de dicho gasto.
No podemos confiar en que poniendo más piedras en el camino evitaremos caernos más. Todo lo contrario, hay que limpiar el camino y poder aligerar la mochila que soportamos en nuestra espalda. Solo así alcanzaremos la meta.
David Muñoz Lagarejos, Graduado en Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos. Columnista en Libertad Digital (Libre Mercado), La Razón y Navarra Información.
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