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La MCP reconoce que Bildu fraccionó ilegalmente un contrato de más de 7 millones de euros

NAVARRAINFORMACIÓN.ES

La sociedad pública instrumental de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (Servicios de la Comarca de Pamplona SA – SCPSA) fraccionó ilegalmente el contrato del nuevo sistema con tarjetas magnéticas para los contenedores de la Comarca, que superaría los 7,4 millones de euro

Según indica Navarra Suma, lo licitó sin existir estudio de viabilidad alguno, sin modificar la normativa de la propia entidad y excediendo los límites la administración ordinaria. Así se desprende de la resolución de un recurso presentado ante el presidente de la MCP el pasado 6 de septiembre por el concejal de Pamplona y miembro del Consejo de SCPSA, Fermín Alonso (Navarra Suma).

Hoy, el edil regionalista, acompañado por la también concejala y miembro esta legislatura de Navarra Suma en la MCP, María Echávarri, ha afirmado en rueda de prensa que “se confirma uno de los mayores escándalos de la legislatura de gobierno de Bildu y el mejor ejemplo de una forma de gestionar que, afortunadamente, al menos en lo que respecta al Ayuntamiento de Pamplona, ha quedado atrás”.

Alonso ha destacado que “las ilegalidades de este contrato son de una gravedad extrema y su importancia se ve multiplicada por el gran volumen del contrato ahora anulado, casi 8 millones de euros”.

Por eso, ha exigido “la dimisión inmediata de Aritz Ayesa (Bildu) de todos sus cargos públicos por empeñarse en sacar este asunto adelante por encima de la ley y en el tiempo de descuento que él mismo se regaló al no convocar la asamblea que habría de nombrar al nuevo presidente”.

“Fue una cacicada que contó con la colaboración de todos los miembros del cortejo de Bildu y Geroa Bai del que Ayesa se rodeó en el Consejo de SCPSA, que también deberían asumir su responsabilidad y abandonar los puestos en Mancomunidad por respaldar con su voto un expediente con semejante ristra de ilegalidades pese a nuestras advertencias”, ha subrayado.

“7,4 millones de euros, que se dice pronto, fraccionados sin motivación alguna para eludir los requisitos de publicidad y de procedimiento que establece la Ley Foral de Contratos y para condicionar el futuro no sólo de SCPSA, sino de la propia Mancomunidad, tal y como recoge el propio informe”, ha criticado Alonso.

Esta maniobra, ha explicado, “también les permitió licitar el contrato sin haber realizado el correspondiente estudio de viabilidad que la Ley Foral de Contratos Públicos exige para todos los que superan los 5 millones euros, tal y como también se fundamenta en la resolución”.

“No cabe llamarlo de otra manera que escándalo. Es un escándalo por su cuantía; es un escándalo por la cantidad de leyes que se han saltado y es un escándalo por la motivación evidente de hacerlo de esta manera para esquivar así el final de su mandato. Es un escándalo y una auténtica vergüenza que no puede quedar sin consecuencias”, ha resumido.

El concejal de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad de Pamplona ha explicado que el Consejo de SCPSA aprobó el pasado 3 de septiembre el expediente de contratación del ‘Suministro, instalación, integración, puesta en marcha, explotación y mantenimiento de un sistema de control de acceso a contenedores con identificación’, pese a las advertencias que él mismo realizó en torno a su evidente ilegalidad.

De hecho, Alonso se negó a participar en el Consejo tras alertar de que su orden del día excedía, como luego se ha confirmado, la administración ordinaria que limitaba a este órgano una vez pasadas las elecciones y antes de conformarse los nuevos equipos.

Además, ha detallado que la resolución de la Mancomunidad, firmada el pasado 12 de diciembre, estima el recurso que presentó dicha formación en cuatro de sus argumentos y resuelve anulando el acuerdo del Consejo de SCPSA por “no ser conforme a Derecho”.

Además de las irregularidades señaladas anteriormente, la resolución reconoce también que “es necesaria la modificación previa de la Ordenanza reguladora del servicio de recogida y tratamiento de residuos”, pese a que “el objeto del contrato afecta directamente a las relaciones entre SCPSA y los usuarios”. También, destaca que una vez se hubiera adjudicado, la MCP se habría visto obligada a elegir entre aprobar la ordenanza ratificando un sistema preestablecido en el contrato o aprobarla en otras condiciones que pudieran hacer inútil el contrato con el consiguiente perjuicio económico. En este apartado, también se señala que el acuerdo de SCPSA no tenía por tanto “el soporte jurídico necesario”.

El informe que fundamenta la resolución también explica que el acuerdo del 3 de septiembre “no se puede considerar administración ordinaria” por lo que también “es contrario al artículo 194.2 de la LOREG”.

“Con todo ello, se quiso impedir por las bravas que los 54 miembros de la Asamblea, representantes de los municipios de toda la Comarca, decidieran si estaban o no de acuerdo con el establecimiento de un sistema de control de los residuos y de decidir hasta dónde debe alcanzar el control personal”, ha concluido.

“Un relato de nadería e ilegalidades”

Por su parte, la concejala María Echávarri ha situado esta resolución en “la catarata de sentencias e informes que colocan la gestión de estos cuatro años de Bildu al margen de la ley”.

Así, ha recordado las sentencias contra Asirón en contra de la expulsión de las familias de escuelas infantiles, de cesiones de edificios públicos a colectivos afines, de contrataciones de personal trufadas de amiguismo, de censura o de colocación de la ikurriña a las que ha añadido la anulación del Concurso de los Caídos o último informe de Comptos que recoge hasta 18 irregularidades en sólo un año. “La historia de estos cuatro años en el Ayuntamiento de Pamplona y en la Mancomunidad es un relato de nadería e ilegalidades”, ha resumido.

También ha recordado las dimisiones de la secretaria y del letrado asesor del Consejo y la contratación de unos servicios jurídicos externos en 2017, “que ya hacían ver la deriva en la que entraba la Mancomunidad y SCPSA en concreto”.

En cuanto a la anulación del contrato del nuevo sistema de contenedores, Echávarri ha explicado que Navarra Suma va a exigir responsabilidades a Aritz Ayesa también porque el 25 de septiembre, un día antes de abandonar la presidencia, desestimó la suspensión del acuerdo de SCPSA, lo que puede provocar que las empresas que hayan licitado a este contrato reclamen indemnizaciones por el trabajo realizado para presentar sus ofertas.

Además, Echávarri ha explicado que desde Navarra Suma van a exigir “un replanteamiento completo de un sistema que puede entenderse como un ataque a la intimidad de los ciudadanos a través del control de sus residuos”.

“Es un sistema carísimo, que tendrá una repercusión económica sobre los ciudadanos vía incremento de tasa, que supone un control sobre la intimidad de los vecinos de la Comarca, sin ningún debate público ni político”, ha añadido.

Por eso, ha exigido “un informe técnico que presente las diferentes alternativas técnicas para la consecución de los objetivos en materia de reciclaje y tratamiento de residuos y, en el caso de que fuera imprescindible el control mediante tarjetas, otro que evalúe las diferentes opciones para que las molestias para los ciudadanos sean mínimas y el control se configure de tal manera que sea imposible establecer un sistema intrusivo en la intimidad de las personas”.

“A partir de ahí, cuando haya un modelo de gestión consensuado, vamos a ser inflexibles en el orden en que se debe gestionar este asunto para cumplir no sólo con la ley, sino para respetar los derechos de los habitantes de la Comarca”, ha recalcado.

A partir de ahí habrá de estudiar la viabilidad que se obvió en el proceso ahora anulado y “sólo a continuación habrá de redactarse una modificación de la ordenanza de recogida y tratamiento de residuos y los ciudadanos tendrán que disponer de las herramientas de participación de presentación de alegaciones que hasta hoy se les ha hurtado”. Además, ha sostenido que el procedimiento iniciado ya por Campión no debe tenerse en cuenta porque no ha contado con publicidad alguna y hará que, previsiblemente, no haya aportación ciudadana alguna. “Sigue en la mala dinámica que inició Ayesa, tratando de meter este asunto sin que nadie se entere”, ha criticado.

“A partir de entonces, cuando las cosas se hagan bien, podrá licitarse el nuevo sistema, con todas las garantías jurídicas que Bildu se saltó”, ha concluido.

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