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Las donaciones a entidades sociales con derecho a deducción suben a 16,3 millones en 2018

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Las donaciones a entidades sociales con derecho a deducción ascendieron en 2018 a 16.335.304 euros, lo que supone un 3% más que las realizadas en el año anterior, primer año de su puesta en marcha de la ley foral Mecenazgo Social

Este nuevo modelo entró en vigor en 2017 para incentivar, a través de ventajas fiscales, las aportaciones económicas de la ciudadanía y las empresas a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de los servicios sociales, la cooperación al desarrollo o la igualdad entre hombres y mujeres.

El balance del pasado ejercicio ha sido detallado por el vicepresidente, en funciones, de Derechos Sociales, Miguel Laparra, en una comparecencia en la que se ha apuntado que en comparación con el mecanismo anterior, del Sello Socialmente Comprometido, esta cuantía se ha multiplicado casi 5 veces respecto de las donaciones deducibles al comienzo de la pasada legislatura, en 2015 (3,3 millones).

El 63% de estas donaciones han sido realizadas por personas físicas frente a un 37% de donaciones realizadas por empresas, según los datos aportados por el Ejecutivo que destaca, por tanto que la ciudadanía ha contribuido más que las empresas al desarrollo de las actividades de las entidades sociales.

El número de contribuyentes que ha hecho aportaciones se sitúa en 67.820, lo que supone un crecimiento del 28% respecto del año anterior y del 189% respecto de 2015 (23.477 contribuyentes).

También han aumentado las entidades beneficiarias de las donaciones, que han pasado de 19 a 45 con el nuevo sistema en 2017, mientras que en 2018, eran 64 entidades sociales, 3,4 veces más.

Igualmente han subido las cuantías medias que han donado todos estos contribuyentes, alcanzando prácticamente los 300 euros en 2017, frente a los 141 de 2015, aunque en el último año, la cuantía media se ha reducido en 59 euros.

En términos fiscales estas donaciones han generado una deducción de 5,3 millones de euros en 2017 (los datos de 2018 se conocerán una vez finalizada la campaña de la renta).

El 69% de los donantes aportan pequeñas donaciones inferiores a los 150 euros, “micromecenazgo”, frente a tan solo el 2% de contribuyentes que realizan donaciones superiores a los 1.000 euros.

El “micromecenazgo” es lo que más ha aumentado, con 9.468 donantes más, con un aumento del 26% en las cantidades donadas, hasta alcanzar los 3,6 millones, mientras que las donaciones superiores a los 1.000 euros, aunque han aumentado en 109 contribuyentes, han aportado 1,7 millones menos llegando en 2018 a 6,7 millones, un 20% menos.

La mayoría de donantes dirigen su apoyo hacia entidades sociales del ámbito de los servicios sociales: el 44% de los donantes que suponen el 37% del importe. Les siguen la cooperación para el desarrollo, con un 25% de donantes, aunque prácticamente el mismo importe que el anterior: 35,5%.

Entre los ámbitos específicos de servicios sociales, destaca el de la discapacidad, con un 20% de donantes, aunque con menor importe: un 11,5% del total.

Laparra ha valorado «muy positivamente» el impacto que ha tenido la reforma realizada con la ley ya que “ha estimulado el compromiso solidario que tiene el conjunto de la ciudadanía en Navarra, ha llegado a muchas más entidades sociales y les ha permitido desarrollar sus actividades propias con plena libertad y autonomía en la gestión de estos recursos”.

Para las personas físicas, la deducción fiscal en su declaración del IRPF es del 80% para los 150 primeros euros donados a entidades sociales y del 35% a partir de esa cantidad.

En el Impuesto de Sociedades, los sujetos pasivos que han realizado donaciones tienen los siguientes beneficios fiscales: para la determinación de la base imponible, los importes de las cantidades donadas tienen la consideración de partida deducible; y, además, tienen derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del impuesto del 20%.

Estos incentivos fiscales se aplican a las donaciones que se efectúan a las entidades beneficiarias, que hayan obtenido por parte del departamento de Derechos Sociales o del Instituto Navarro para la Igualdad el preceptivo reconocimiento por haber recibido algún tipo de financiación pública para el desarrollo de servicios en el ámbito de los servicios sociales, la cooperación al desarrollo o la igualdad entre mujeres y hombres.

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