UPN ha afirmado que un informe jurídico solicitado indica que es «ilegal» el pliego de adjudicación de la última encuesta del Gobierno de Navarra sobre condiciones de vida realizada en 2018.
«Se excluyó a todas las empresas y trabajadores navarros al incluir como requisito de solvencia que el 50% de su plantilla tuviera el C1 de euskera», ha dicho en conferencia de prensa el presidente de UPN, Javier Esparza.
Y ha añadido que el informe pedido por su partido, y que ahora quieren contrastar con él que van a solicitar al Consejo de Navarra como órgano independiente, indica también que ese requisito «coloca en situación de ventaja» a las empresas del País Vasco, donde el nivel de bilingüismo es muy superior al de Navarra, comunidad en la que «solo el 7% habla euskera».
Un hecho que además es «contrario» a la ley foral de contratos, que exige «adecuaciòn», ya que en este caso «no hay correlación» entre la exigencia del 50% y el hecho de que en Navarra «solo el 7% de la población hable euskera» y al mismo tiempo «va mas allá de lo necesario para el objeto del contrato». EFE