La ministra de Justicia Dolores Delgado (d), conversa con el diputado de Ciudadanos José Ignacio Prendes. EFE
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha avanzado que su departamento ha encargado un estudio «riguroso» para suprimir determinados aforamientos de cargos públicos, manteniendo las excepciones que se consideren «indispensables».
Según ha reconocido al responder a una interpelación del portavoz de Justicia de Ciudadanos, Ignacio Prendes, hay un excesivo número de aforados, sin parangón en Europa, y ve también necesario limitar el aforamiento a los supuestos de delitos relacionados directamente con el ejercicio del cargo que ejercen.
Ha concretado que Justicia ha encargado este estudio a la sección procesal de la comisión general de codificación al entender que había que afrontar esta cuestión por dos motivos fundamentales: primero, por el principio de igualdad y, segundo, por el derecho a contar con un juez ordinario predeterminado por la ley.
Durante su intervención, ha aprovechado para asegurar que el líder del PP, Pablo Casado, estaría imputado al igual que sus compañeros de máster si los aforamientos se circunscribieran a determinados aspectos.
Estas afirmaciones han generado el malestar de la bancada popular, cuya portavoz, Dolors Montserrat, ha pedido a la ministra que retirara sus palabras, lo que ella no ha hecho.
Delgado ha insistido en que la transparencia y la regeneración son una de las principales preocupaciones del Gobierno y en ese contexto ha enmarcado la dimisión de Carmen Montón, «una magnífica y extraordinaria ministra», que, con su renuncia, el Ejecutivo «ha perdido una magnífica ministra pero ha ganado decencia política».
Volviendo a los aforamientos, la titular de Justicia ha advertido de que esto requiere de una reforma constitucional que tiene que ser avalada en la Cámara, donde los apoyos que tienen -ha enfatizado- son los que son.
De todas las explicaciones y propósitos que ha puesto de relieve la ministra, Prendes solo ve de momento «buenas palabras» y por eso le ha anunciado que en la moción consecuencia de esta interpelación exigirá al Ejecutivo actuaciones concretas, acusando tanto al PP como al PSOE de «escudarse» en ciertas mayorías para frenar la supresión de los aforamientos.
De acuerdo con sus cálculos, en España hay casi 17.000 aforados frente a los 10 de Francia y solo uno en Portugal y en Italia, mientras que no hay ninguno en Alemania, ni Reino Unido, ni Estados Unidos.
Se trata del «último escudo» que levantan el PP y el PSOE para no recibir en los tribunales el mismo trato que el resto de ciudadanos españoles, ha recriminado Prendes, quien también se ha referido al caso del máster del líder del PP, Pablo Casado, en manos del Tribunal Supremo, para ejemplificar este «privilegio» de los políticos.
Tras recordar que el PSOE y el PP se comprometieron con Ciudadanos a acabar con los aforamientos políticos, ha restado importancia a la supuesta complejidad para hacerlo al señalar que Murcia, Cantabria y Canarias tienen ya avanzado el procedimiento para ponerlo en marcha.
Y en el caso de los aforamientos de diputados y senadores, Prendes ha defendido que se han emprendido otras reformas constitucionales que atendían «a necesidades de los ciudadanos de menor intensidad». EFE
