El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. EFE/Archivo
El Consejo de Ministros ha acordado este viernes la retirada del recurso contra la Ley vasca de Víctimas de Abusos Policiales que fue interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, después de haber consensuado con el gabinete de Iñigo Urkullu «retoques» sobre los preceptos en los que había «dudas» de su constitucionalidad.
La ley para reparar a las víctimas de actuaciones policiales ilícitas ocurridas en democracia, entre 1978 y 1999, fue aprobada ahora hace dos años en el último pleno de la legislatura pasada merced a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. EH Bildu, que defiende el reconocimiento de este colectivo en pie de igualdad con las víctimas de ETA, se abstuvo al entender que se había quedado corto, mientras que PP y UPyD votaron ‘no’.
Ya en los debates parlamentarios se puso de manifiesto la posible inseguridad jurídica de esta ley, que daba continuidad a un decreto para reparar a las víctimas policiales, las de la dictadura (unas 200). La clave estribaba en que el reconocimiento de la condición de beneficiario de las previsiones de la norma la iba a determinar una comisión de valoración de manera paralela a los tribunales, es decir, sin que fuese imprescindible una resolución judicial.
Precisamente, el Ejecutivo de Rajoy centró su recurso, sobre todo, en el hecho de que esta comisión pretendía sustituir a los tribunales de Justicia, algo que, con este acuerdo, se ha pretendido evitar. Precisamente, el Constitucional ha anulado los artículos esenciales de la ley navarra de abusos policiales, al entender que invaden competencias exclusivas del Poder Judicial, ya que tenía como objetivo indagar y esclarecer los casos.
Llamamientos del PP y de Ciudadanos a mantener la impugnación en elConstitucional
La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha producido entre llamamientos del PP y de Ciudadanos a mantener la impugnación en el Tribunal Constitucional. Los populares aseguraron que los nacionalistas “intentaban sortear el control de legalidad y atribuirse funciones que corresponden al poder judicial”.
Además, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la creación de la comisión de valoración que contempla la Ley vasca. NAVARRA INFORMACIÓN
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