Antonio de la Torre
Era evidente que el contubernio del pasado día 1 de Junio en el Congreso de los «disputados«, iba a tener una larga y penosa segunda parte en la que irían apareciendo las facturas pendientes de pago por el «servicio» prestado ese día, en el que prosperó una moción de censura –la primera por cierto, con éxito, de las presentadas hasta ahora– que llevó a la presidencia del Gobierno, por primera vez también, a un candidato no diputado, es decir, no elegido por los ciudadanos y con un partido bajo mínimos que, desde los 169 escaños de las segundas elecciones ganadas por José Luis Rodríguez en 2008 había sufrido tres bajadas históricas en las tres últimas elecciones –110 con Rubalcaba, en 2011, que pasaron a 90 y 84, con el propio Pedro Sánchez como candidato, en 2015 y 16, en sólo seis meses–, la última de las cuales se tradujo en la expulsión del líder por parte de sus propios compañeros, otra cosa insólita hasta entonces que, para completar el despropósito político nunca visto antes, acabó con la vuelta del defenestrado «doctor», sin tesis que se le conozca, a la Secretaría General de su partido –roto– siete meses después por un exiguo 50’21 % de la militancia que votó en aquellas primarias –todo un récord–. No cabe duda de que el difunto Manuel Fraga —q.e.p.d.– acertó cuando creó su conocido eslogan de «España es diferente».
Ni el más optimista, alejado o ajeno de la baja política española, podía pensar que el apoyo de 92 escaños que le dieron al candidato del Partido Siempre Opuesto a España, pertenecientes a veintidós partidos tan dispares como Podemos, PdeCat, BILDU o el PNV, por citar algunos, lo era por la valía del candidato, que ni siquiera tuvo que presentar un programa político que para él tenía un único punto, echar como fuera al Partido Popular –que no a Mariano Rajoy— del poder, para llegar a la Moncloa y de allí al Consejo de Estado de forma vitalicia, que a los demás les valió para poner en marcha, por la vía del chantaje, el objetivo auténticamente suyo, acabar con España lo antes posible, conocedores de que la ambición del candidato por alargar lo más posible su tan ansiada, como frustrada en dos ocasiones, llegada a la presidencia del gobierno les propiciaba, aunque prometió que presentaba la moción para «estabilizar España con la convocatoria, lo antes posible, de unas nuevas elecciones generales», pero «las promesas electorales se hacen para no cumplirlas» que dijo en su día el viejo profesor Tierno, algo que los socialistas –y no sólo ellos– tienen grabado a fuego.
En esa línea de pago de favores empezamos a ver estos días la materialización de las primeras exigencias de ese particular «do ut des». Para empezar, su principal apoyo, PabLenin Iglesias vuelve a las andadas de aquellos principios de 2016 y se arroga la capacidad de atribuirse la TVE, «Lo importante es la capacidad de enviar el mensaje, las críticas no importan», repetía desde la Tuerka cuando empezaba, buen conocedor del desastroso nivel educativo y cultural del pueblo español que se deja llevar por lo que ve en la pantalla o lee en las redes sociales, que dominan sus huestes, bien aleccionadas al respecto. Procedimiento de manual, lección primera del comunismo de base: «domina las ideas y dominarás al pueblo alienado», puro fascismo que censuran a los demás cuando son los principales practicantes. Aunque, de momento, lo que le espera al líder morado el 17 de Julio próximo es el banquillo de los acusados –se habla poco de esto en los medios– ante las demandas de seis militantes extremeños por la purga realizada en su irregular expulsión del partido, al que denunciaron de opacidad e incumplimiento del procedimiento ante el Comité de Garantías, del que era responsable Gloria Elizo. Al final, el voto de última hora de los golpistas –ERC y PdeCat– y allegados, PNV y Podemos, permitió que la izquierda sacara adelante la renovación del Consejo de Administración de RTVE y se repartan entre ellos presidente y consejeros. Lo de siempre.
Otro de los grandes «avances» del nuevo desgobierno ha sido la creación de una Dirección General, la de la Memoria Histórica, adscrita al Ministerio de Justicia –tan sintomático como preocupante– que dirige Dolores Delgado, la amiga de Baltasar Garzón –los dos pidieron el certificado de defunción del Caudillo, únicos españoles que no se habían enterado de que llevaba entonces más de tres décadas muerto y enterrado en el Valle de los Caídos–, de la que se ha puesto al frente a Fernando Martínez López, del que se dice que es catedrático –ahora cualquiera lo es– de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería –otra de las que nacieron de esa «incontinencia universitaria» del felipismo igualitarista del «todo en todos sitios» que ha arruinado al país económica y culturalmente– y fue alcalde de esa ciudad, coordinador del Mapa de fosas de Andalucía y editor de la obra ‘La masonería en Andalucía y la represión durante el franquismo’ –qué mejor currículum para el cargo–, en lo que parece ser todo un experto y en cuya presentación sentenció que «Cuando llega la democracia hay un resurgir de la masonería» –si lo sabrá él– y que «la masonería nunca fue secreta, sino discreta». Entre los objetivos de esta absurda dirección general estarán los de implantar la «enseñanza» de la Guerra Civil –desde un lado, claro– que, entre otras «doctrinas», pretende imponer que el maquis, esa guerrilla comunista antifranquista –perdón por la redundancia– que siguió actuando desde la clandestinidad y originó más de mil muertos, sea considerada como otra «víctima» del franquismo, equiparable a fusilados, encarcelados o exiliados e incentivar libros sobre la represión franquista –es decir, el antes citado editado por él–, para lo que se creará una «Comisión de la verdad» –al más puro estilo orwelliano– que estará formada por expertos de distinto tipo –e igual ideología, la suya, le faltó explicitar, aunque no hace falta– y será un “órgano temporal, de carácter no judicial, con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido” –la suya, como es lógico–. Sólo faltará para la represión total que se consiga aprobar la revisión de la ley de memoria histórica que el nuevo inquilino de la Moncloa tiene entre ceja y ceja desde hace tiempo.
Otra factura de la hipoteca obtenida en el «hemicirco» ha sido el precipitado traslado de los políticos golpistas presos a las cárceles de Cataluña –ya todos allí, con excepción de los fugados– que, según el RD 3482/1983 –al año de llegar Felipe González al gobierno– tiene traspasadas las competencias en materia de Administración Penitenciaria, es decir, «el zorro custodiando a las gallinas», que se completará con la reunión prevista para el próximo día 9 entre el no votado Sánchez y el xenófobo y supremacista Joaquín Torra a la que el martes se refirió la vicepresidente Carmen Calvo diciendo que sería un diálogo “franco, abierto y sin cortapisas dentro del cumplimiento de la legalidad” y ayer la responsable de Política territorial, Meritxell Batet, apostilló que en ella «se hablará de todo», dejando implícito, sin decirlo, que ‘referéndum de autodeterminación incluido’, condición impuesta por los separatistas para apoyar el cambio en RTVE, todo hay que decirlo, a lo que accedieron después de esas declaraciones ministeriales, matizadas con que «se puede plantear lo que se considere oportuno, pero saben que el derecho de autodeterminación no está en la Constitución española ni es pretensión de este gobierno que lo esté» –no dijo si la suya sí, aunque lo intuyo–. Pero desde La Vanguardia –antes Española— tras decir que «mejoran las expectativas ante la cita de Sánchez y Torra» su director Enrique Juliana les echa un jarro de agua fría diciendo que «Sánchez sabe que la cuestión de Catalunya no tiene solución, ni en esta legislatura, ni en la que viene». O sea que, salvo sorpresa de última hora, el resultado será el de ‘patada a seguir’ y hasta el siguiente órdago catalanista y la próxima decisión judicial. Y como síntoma de acercamiento y reanudación del diálogo sin fecha de caducidad, el gobierno no dice nada de la reapertura de embajadillas –de momento seis– por parte del reabierto Diplocat y contemporiza con la petición del fugado Picodelmonte de oficina, personal, coche y escolta pagados por todos.
Por último, aunque daría para mucho más porque ha sido una semana prolífica en el despropósito después de los acercamientos de golpistas y etarras; de la quijotada pseudosentimental de abrir fronteras a la inmigración –ahora migración a secas–; subida del impuesto al gasoil que «no va contra los trabajadores» –explicó Sánchez– sino contra sus bolsillos –quiso decir–; del abuso de helicóptero con gafas de sol para interior; la eutanasia, etc., es obligado hacer referencia al sin duda «principal» asunto de preocupación del español de bien y de a pie, la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos –donde nunca dijo él que se depositaran, por cierto– casi 43 años después de su muerte. A propósito de esto recuerdo una frase del Emperador Carlos V –de Alemania y I de España, aclaro para víctimas de la LOGSE– tras la victoria de Mühlberg contra los protestantes alemanes, cuando sus tropas pidieron saquear la tumba de Lutero: «Dejadlo reposar, que ya encontró su Juez. Yo hago la guerra a los vivos, no a los muertos», dijo. Pues eso, pero estos «valientes» parecen preferir guerrear contra los muertos que son más «inofensivos» y en lugar de acordarse de lo que hizo Franco para beneficio de España y, en todo caso, mejorarlo en lo posible: Seguridad Social; Estatuto de los Trabajadores; Pagas extraordinarias y Sistema de pensiones; Sanidad y Educación públicas y gratuitas –estaban ya cuando llegó el PSOE en 1982, aunque el dimitido alcalde socialista de Móstoles y senador David Lucas se las atribuyera al «dios» de Chiqui Benegas–; industrialización hasta llegar a ser la octava economía mundial, con el mayor crecimiento –7% anual– después de Japón y la creación de empresas, hoy multinacionales punteras, como Telefónica, Iberia, Endesa, SEAT –alguna malvendida por el gobierno de ZParo–; Ayudas sociales a familias numerosas; Viviendas de Protección Oficial baratas para trabajadores –esas con las que especula un conocido podemita, hijo del que abusaba de las tarjetas black de Caja Madrid–; construcción de cerca de trescientos embalses que hoy dan de beber a España; ingreso en la ONU; etc., etc., y todo ello sin prácticamente desempleo y una carga fiscal muy ligera, las primeras 100.000 Ptas. anuales –equivalentes a lo que hoy serían 600 €– estaban exentas y a partir de ahí la cotización era del 12% –yo empecé así en 1972 y el infame IRPF no aparece hasta 1978, después de los primeros Pactos de la Moncloa de 1977, con 28 tramos y tipos impositivos del 15 al 65’5% y obligación de realizar la declaración a ingresos superiores a 300.000 Ptas. anuales, hasta los cinco tramos actuales que cotizan entre el 19 y el 45 % de los ingresos.
En definitiva, los que no se olvidan de Franco, pero sí de su obra, nos repiten hasta el hartazgo que nos olvidemos ETA y sus salvajes asesinatos. Aunque parece que han despertado de nuevo a la calle que ha aparecido empapelada con carteles de «El Valle no se toca» y les puede salir el tiro por la culata con la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Pamplona estimando un recurso contra la exhumación de los restos del Teniente General Sanjurjo del Monumento de los Caídos para que sean restituidos a la cripta de la que fueron exhumados. Por eso ¿por qué no dejamos a Franco en paz, que nos enseña de nuevo lo que es la izquierda de España, y sacamos de la Moncloa al que nunca ganó unas elecciones? Porque, como termina la historia del calentamiento del recipiente de agua con la rana dentro, «hay momentos en los que necesitamos hacer frente a la situación y tomar las acciones apropiadas, antes de que estemos incapacitados para saltar».
Y mientras se lea este artículo se estarán celebrando, o habrán terminado, las primeras elecciones primarias del Partido Popular que espero sean para bien y sobre las que habrá tiempo de opinar, con récord de afiliación a la Seguridad Social desde 2007, por encima de 19 millones de cotizantes.
