Una furgoneta en la que se cree que viaja Puigdemont, este lunes a la entrada de la cárcel de Neumünster (Alemania). EFE
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont seguirá detenido en Alemania mientras la justicia de este país estudia la orden de detención y entrega cursada por España, según informó hoy la Fiscalía
La justicia de Schleswig-Holstein debe sopesar por qué delitos podría ser entregado.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont seguirá en prisión preventiva en Alemania mientras la justicia de este país estudia la orden de detención y entrega cursada por España, al tiempo que JxCat promueve una reivindicación de su figura en un Parlament sin margen legal para investirlo.
«La decisión de hoy no significa que Puigdemont vaya a ser extraditado, sino que ahora empieza el proceso», ha dicho el fiscal superior del distrito judicial, Georg Güntge, ante la prisión de Neumünster, donde ayer ingresó Puigdemont después de ser detenido tras cruzar la frontera con Dinamarca.
En un comunicado, el tribunal de primera instancia de esa localidad, donde hoy ha comparecido el líder de JxCat, ha aceptado la petición de la Fiscalía general del estado federado de Schleswig Holstein para que Puigdemont continúe en prisión por considerar que existe «riesgo de fuga».
Según el tribunal, «no hay aún evidencia» de que la euroorden de detención y extradición a España, emitida el 23 de marzo, «no esté justificada», cuestión que, en última instancia, deberá determinar la Fiscalía de Schleswig.
Por su parte, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, ha recalcado que «España es una democracia plena y un Estado de derecho» y ha recordado que la posición de la canciller, Angela Merkel, sobre la crisis catalana es que se trata de un asunto que España debe resolver «de acuerdo a las leyes» del país.
Mientras tanto, en Cataluña, las fuerzas independentistas han impulsado la convocatoria urgente de un pleno del Parlament para este miércoles, en el que se votarán dos propuestas de resolución de JxCat, ERC y la CUP, en las que se defienden los «derechos políticos» de Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, incluido el de poder ser elegidos para la presidencia de la Generalitat.
Las resoluciones destacan que el Comité de Derechos Humanos de la ONU «acordó admitir a trámite» el viernes un escrito de Sànchez y decidió como «medida cautelar» pedir a España que «garantice» que el número dos de JxCat pueda ejercer sus «derechos políticos».
Según fuentes soberanistas consultados por Efe, las resoluciones son más bien un «gesto» para dejar claro que Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y jordi Turull, los tres candidatos propuestos por JxCat para la investidura, siguen siendo «elegibles» pese a las trabas judiciales.
JxCat estudia la investidura de Puigdemont
A primera hora, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, había dado verosimilitud a la posibilidad de volver a poner sobre la mesa la investidura de Puigdemont: «Con los elementos que tenemos, tenemos que ver cómo hacemos presidente a Puigdemont. Presidente no solo simbólico, presidente de verdad», ha dicho en TV3.
Fuentes soberanistas han puntualizado, no obstante, que en los próximos días, con el auto de procesamiento definitivo, los derechos políticos de Puigdemont quedarán «suspendidos», de manera que sólo podría ser investido si el Parlament desoyese esa suspensión.
Además, el Tribunal Constitucional dictó medidas cautelares para impedir una investidura a distancia de Puigdemont, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, dejó en suspenso el pleno en el que iban a investirlo.
En las filas independentistas, la idea de retomar la investidura de Puigdemont, pese al aparente consenso -con declaraciones públicas de dirigentes de JxCat y la CUP-, no genera unanimidad.
Dentro de JxCat hay voces que abogan por investir cuanto antes a un president que pueda ponerse al frente de un Govern efectivo, mientras que ERC, también muy recelosa, evita oponerse abiertamente a la propuesta y pide esperar a que se resuelva antes la situación judicial de Puigdemont en Alemania.
En paralelo, Jordi Sànchez, encarcelado por rebelión por orden del Tribunal Supremo, se replantea ahora su decisión de abandonar el escaño e incluso está abierto a optar de nuevo a la investidura, tras la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, según ha asegurado hoy su abogado, Jordi Pina.
Por su lado, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha exigido la dimisión de Torrent por su «arbitrariedad» y su falta de «neutralidad» y ha avanzado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha sugerido que «probablemente lo más razonable», en una situación «excepcional» como la que vive Cataluña, sería formar un «gobierno de concentración, con presencia de todos los partidos».
La portavoz de los comunes en el Parlament, Elisenda Alamany, ha advertido a las fuerzas independentistas de que los «simbolismos» no desbloquean la situación de Cataluña y ha recalcado que el pleno que «todo el mundo espera» es el de investidura.
El PPC ha presentado una solicitud dirigida a la Mesa del Parlament para que reconsidere la admisión a trámite de la propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP que defiende la posibilidad de investir a Puigdemont, porque según los populares, «contraviene» el criterio del Tribunal Constitucional.
Es fundamental recordar, día tras día, que quienes han llevado esta situación a un límite in-to-le-ra-ble han sido los líderes nacionalindependentistas. Han estado años desafiando al Estado, a sus órganos e instituciones de gobierno, a la soberanía popular, y se ha tenido desde todos los sectores políticos y sociales una beatífica manga ancha con cada uno de sus excesos. Pero se dijo, de forma clara y tácita, por activa y por pasiva, que no intentaran llevar su juego más allá de los límites de la Constitución y la soberanía popular. Y no atendieron a razones. Se pusieron en plan chuleta, con bravatas de parking de discoteca chunga, en plan «¿te digo por dónde me paso yo tu ley?». Pues tranquilos, que ahora los jueces os van a explicar por dónde os vais a pasar las leyes.
Creo que el riesgo de fuga está más que demostrado, así que procede la prisión cautelar. En Finlandia dijo que se iba a entregar a la Policía y se escapó en un coche el día antes, igual que ya hizo en España.