Enrique Maya, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona. J.S. Navarrainformacion.es
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El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha desvelado hoy que “el informe de la interventora municipal alerta del “importante riesgo económico” que supone la puesta en marcha de la Comercializadora de energía anunciada por el cuatripartito
Además, la interventora destaca en su estudio que “la eficiencia va a depender mayoritariamente de la eficiencia de su personal. Sin embargo, la información sobre necesidades de recursos humanos es bastante ambigua y general”.
Los regionalistas han denunciado que el expediente que se presentó hace apenas una semana contiene “documentación contradictoria, un sospechoso baile de fechas en las firmas, además de vistos buenos a las conclusiones de la comisión creada al efecto de altos cargos del cuatripartito que no participaron en ellas”.
Por eso, han criticado “las prisas por aprobar un expediente tan complejo y con posibles repercusiones económicas contra el Ayuntamiento de una forma tan opaca y poco transparente, sin solucionar las muchas dudas que todavía existen sobre el asunto”.
En este sentido han destacado que es “una aventura pagada con dinero público que va a generar pérdidas de más de 100.000 euros el primer año, pese a que el informe de Intervención destaca que “la creación de un operador energético debe resultar una opción más eficiente que la contratación pública, resultando sostenible y eficaz según criterios de rentabilidad económica, debiendo acompañar a la propuesta documentación que acredite dicho extremo””.
“Nunca se atreverían a hacer esto con su propio dinero, porque es una aventura empresarial basada en un cuento de la lechera que ni siquiera los propios informes del expediente consideran fiable”, han subrayado.
Además, han denunciado que “en este proyecto, igual que en Pío XII, Aranzadi recurre a la multiplicación de pequeños pagos directos, acumulándose al menos 11 facturas menores sobre este asunto, que suman más de 40.000 euros”.
Por último, han explicado que “el pequeño tamaño de la Comercializadora le impide por ley acudir al llamado bono social, por lo que queda descartada como herramienta contra la pobreza energética”.
UPN ha considerado “lo suficientemente serio y grave este asunto como para no hacer piruetas y postureos mediáticos y trabajar con seriedad y eficacia desde los servicios sociales del Ayuntamiento para ponerle solución, tal y como siempre se ha hecho y reconocen los propios informes que obran en el expediente».
