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Critica a Laparra por dar información de la Renta Garantizada «negada Parlamento»
La portavoz de UPN en la Comisión de Políticas Sociales, Maribel García Malo, ha denunciado “el poco respeto del vicepresidente Laparra al Parlamento de Navarra y la vulneración del derecho de información de los parlamentarios” al haber hecho pública hoy una información que había solicitado la regionalista y que el Gobierno le había negado alegando “falta de tiempo” para prepararla.
Así, UPN solicitó el 22 de diciembre información acerca de la cobertura de la Renta Garantizada con el fin de analizar el posible efecto llamada, a raíz de unas declaraciones realizadas por el representante de Cáritas Diocesana, Angel Iriarte. Asimismo, solicitó la comparecencia del vicepresidente para que diera las explicaciones oportunas, intervención que se había fijado para hoy martes, día 30.
Sin embargo, y ante la falta de respuesta de Laparra en el plazo legal establecido, el pasado 25 de enero UPN solicitó el amparo de la presidenta del Parlamento e instó el retraso de la comparecencia del consejero, al no disponer de la información necesaria para poder ejercer correctamente las labores de control que tienen atribuidas los parlamentarios forales.
Como respuesta, Laparra solicitó ampliación del plazo para entregar la información al Parlamento argumentando que era mucha información y, por su parte, la Mesa del Parlamento resolvió retrasar la comparecencia hasta que los parlamentarios contaran con la información solicitada.
“Sin embargo, hoy hemos comprobado que el vicepresidente mentía una vez más cuando decía que no tenía la información, ya que ha ofrecido una rueda de prensa sobre el tema. Lo único que ha motivado el retraso en el envío de la documentación ha sido su falta de transparencia y el ánimo de ocultarnos la información que le habíamos solicitado”, ha denunciado García Malo.
“¿Qué quiere ocultar el Sr. Laparra? ¿Por qué que hurta el debate sobre la Renta Garantizada en el Parlamento?”, se ha preguntado la regionalista, para quien “lo sucedido es de una enorme gravedad, ya que no podemos olvidar que se trata de una medida que afecta a más de 15.000 unidades familiares con un coste de más de 98 millones de euros”.
