El pleno del Tribunal Constitucional ha reanudado su debate para resolver la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno para impedir que Carles Puigdemont pueda ser investido presidente de la Generalitat, en una reunión con posturas divididas, aunque se buscan fórmulas intermedias de consenso.
Fuentes del tribunal consultadas por Efe han señalado que el debate, que ha arrancado de nuevo poco después de las 16:45 horas, está abierto y que hay posturas divergentes en torno a la admisión a tramite del recurso, que supondría suspender la candidatura de Puigdemont.
Cuestión distinta es si la resolución del TC sobre el fondo del asunto –la suspensión cautelar tiene un plazo máximo de cinco meses– avala la impugnación de la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de proponer al líder de Junts per Catalunya tras la habitual ronda de contactos con los líderes de las formaciones políticas con representación en la Cámara.
Lo que es seguro es que si, como todo parece apuntar, los magistrados avalan finalmente la admisión a trámite del recurso, la suspensión cautelar del acto impugnado –publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC)– se notificará a la mayor brevedad tanto al presidente de la Cámara catalana como al resto de integrantes de la Mesa.
La notificación puede incluir también –así lo ha solicitado expresamente la Abogacía del Estado– un requerimiento expreso a Torrent y a los demás miembros de la Mesa de que se abstengan de seguir adelante con la sesión de investidura, advirtiéndoles de las consecuencias penales que arrostrarían de ignorar el mandato del TC. No obstante, las fuentes consultadas apuntan a que ese requerimiento se produciría en un momento posterior, si la Mesa hace oídos sordos a la suspensión cautelar acordada y permite la celebración de la sesión de investidura de Puigdemont. En ese supuesto, el propio Gobierno alertaría inmediatamente al TC que sí tramitaría los oportunos requerimientos personales a los miembros de la Mesa.
Algo similar, recuerdan, a lo que sucedió con la antecesora de Torrent al frente del Parlament, Carme Forcadell, frente a la que la respuesta del Tribunal Constitucional fue gradual a medida que se iban sucediendo los incumplimientos y la desobediencia a sus mandatos por parte del frente soberanista: notificación, requerimientos, multas y la deducción de testimonio dejando en manos de la Fiscalía la posible existencia de responsabilidades penales. No obstante, en ningún caso el TC llegó a recurrir a la medida más grave contemplada en el artículo 92 de su ley orgánica reguladora: la suspensión de funciones de «las autoridades o empleados públicos de la Administración» que se niegan a acatar sus decisiones «durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal». NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
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