El Tribunal de Cuentas cree que en el «actual contexto social y político» puede replantarse la conveniencia de seguir pagando a los partidos las ayudas por gastos de seguridad que reciben desde el año 2002, cuando se fijaron para proteger a los concejales del País Vasco amenazados por ETA.
«Podría evaluarse la conveniencia material y económica de mantener en las condiciones actuales la subvenciones estatal para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional», apunta el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda.
Se trata de una reflexión incluida en las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los partidos políticos y sus fundaciones correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2015.
