Veintidós personas que han tenido responsabilidades en la Junta de Andalucía en las últimas tres décadas se enfrentarán desde mañana al banquillo en la denominada «pieza política» de los ERE acusados de delitos cuyas penas van entre los dos y los diez años de prisión.
La audiencia de Sevilla juzga si, con distinto grado de participación según sus años en el Gobierno y competencias, crearon o mantuvieron un sistema «particularísimo» para el reparto «arbitrario» sin convocatoria pública y eludiendo el «control» y fiscalización previa de ayudas públicas sociolaborales para empresas en crisis que entre 2001 y 2011 sumaron 854 millones de euros, parte de los cuales acabó en manos de «entidades y personas que no reunían los criterios» y «en cuantía improcedente».
