La magistrada Carmen Lamela cita este viernes a declarar como investigados a Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos; a Teresa Laplana, intendente; y a los presidentes de Òmnium Cultural, Jordi Cruixat; y ANC, Jordi Sánchez
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado este viernes como investigados (imputados) por un delito de «sedición» al jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero; al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y a una intendente de la policía catalana.
Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que la citación es para el próximo viernes en relación al asedio de la Consejería de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre mientras las fuerzas de seguridad llevaban a cabo un registro en su interior.
Les cita a declarar como investigados por su supuesta vinculación con los hechos que tuvieron lugar los pasados 20 y 21 de septiembre, cuando un gran número de personas protestaron por las detenciones de 14 cargos de la Generalitat relacionados con la organización del referéndum suspendido por el Constitucional.
La juez les cita después de recibir el atestado de la Guardia Civil, que destaca el papel de Cuixart y Sánchez en la organización del colectivo que impidió el normal desarrollo de la operación Anubis y los registros a los agentes y a la comisión judicial.
Ese atestado también destacaba que Jordi Sánchez llegó a llamar por teléfono a Trapero mientras los agentes estaban sitiados para ofrecerse como mediador, y que la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, no atendió las reiteradas llamadas de los guardias civiles para que les auxiliaran durante la operación, en la que los manifestantes llegaron a causar daños de consideración a los vehículos de la Guardia Civil.
El delito de sedición lleva aparejadas penas de hasta 15 años de cárcel si quien lo comete es una autoridad. En caso contrario, de 8 a 10 años de presidio.
Vamos a recuperar la legalidad en la comunidad autónoma de Cataluña. La pacificación de la calle costará más, pero hay que empezar por presentar a los culpables del golpe ante los tribunales de justicia.