Josep Maria Jové, junto a Oriol Junqueras. Foto: EFE
Además, se les acusa de desobediencia, prevaricación y malversación.
De los 14 detenidos en la operación, seis han sido puestos en libertad.
La Guardia Civil atribuye un presunto delito de sedición al secretario general de Economía, Josep Maria Jové, y a las otras 13 personas detenidas el miércoles dentro del operativo policial contra la organización del referéndum de independencia.
Según han informado fuentes de la defensa, el Instituto Armado, en su escrito, les achaca también los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos por «gestionar elementos fundamentales» para el 1 de octubre.
Pese a que la Guardia Civil les atribuye sedición, este delito no figura en el comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) envió el miércoles a los medios sobre los supuestos delitos que investiga el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. El delito de rebelión precisa de violencia, pero puede no ser física.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha impuesto multas diarias a Jover de 12.000 euros mientras insista en su desobediencia a este órgano, la misma que se ha impuesto para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura electoral. Se le ha impuesto esta sanción como jefe de la administración electoral y en este sentido también ha sido multada, aunque con 6.000 euros diarios a Montserrat Vidal y Roca, igualmente responsable de este asunto.
Según el TSJC, el juez instructor, Juan Antonio Ramírez, que mantiene el caso bajo secreto y ordenó las entradas y registros del miércoles en sedes de la Generalitat, atribuye únicamente a la veintena de investigados los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. El delito de sedición, sin embargo, sí que figuraba en la querella de los abogados Miguel Durán Campos y Miguel Ángel Durán Muñoz, a partir de la que el juez inició la investigación, y la presentada posteriormente por el partido político Vox. Para Furriol también se contempló ese delito.
De las 14 personas que fueron detenidas ayer por la Guardia Civil, entre ellas altos cargos del Govern claves encargados de la organización del referéndum, seis han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando los cite tras negarse a declarar ante el instituto armado.
Dos de los seis son Xavier Puig, responsable del área tecnológica de la Generalitat, y el empresario Pau Furriol, en libertad con cargos tras negarse a declarar ante la Guardia Civil por su presunta vinculación con los preparativos del referéndum del 1-O. Después, se ha conocido la puesta en libertad con cargos de la directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, Natalia Garriga.
Los registros a Jové y Furriol
Según han explicado fuentes de la defensa, la Guardia Civil detuvo a Jové sobre las ocho de la mañana del miércoles cuando circulaba por la Ronda Litoral de Barcelona: varias patrullas del Instituto Armado le salieron al paso y lo arrestaron.
La Guardia Civil condujo entonces al ‘número dos’ de Junqueras a su domicilio para que estuviera presente, junto a su abogado, en una entrada y registro en la que los agentes incautaron móviles, ordenadores y alguna documentación. Al acabar el registro, no lo llevaron a su despecho de la Conselleria de Economía sino al cuartel de la Guardia Civil donde, a primera hora de la mañana de este jueves, todavía no le habían tomado declaración.
El abogado de Jové ha solicitado también un ‘habeas corpus’ -una comparecencia ante un juez para valorar la legalidad de una detención- que todavía no se ha resuelto, según fuentes de la defensa.
En cuanto a Furriol, el empresario por ser propietario de la nave de Bigues i Riells (Barcelona) donde los agentes incautaron casi diez millones de papeletas para votar en el referéndum independentista del 1 de octubre. Según han informado fuentes de la defensa, en la lectura de sus derechos al detenerlo el miércoles en la operación contra la organización del referéndum, los agentes le achacaron también los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación, al igual que a varios cargos públicos arrestados.
Furriol pasó la noche en la comandancia que la Guardia Civil tiene en la Travessera de Gràcia de Barcelona, donde se negó a declarar antes los agentes. El abogado de Furriol pidió también el ‘habeas corpus’ -una comparecencia ante un juez para valorar si una detención es irregular- pero ha sido rechazada con el argumento de que no se han vulnerado sus derechos, al igual que en otros cinco casos.
La Guardia Civil requisó en la nave del empresario casi diez millones de papeletas para votar ‘Sí/No’ en el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, además de otra documentación relativa al 1-O como actas de constitución de mesas, de recuentos y de incidencias, entre otros. EFE
