El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado a las fiscalías provinciales de Cataluña investigar «las campañas de odio, amenazas y coacciones» dirigidas a alcaldes, funcionarios y particulares contrarios a colaborar con el referéndum 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Dichas amenazas, según la instrucción dirigida a las Fiscalías, podrían ser constitutivas de un delito de odio en tanto que promueven la hostilidad hacia determinadas personas por motivos ideológicos o políticos.
«Estas conductas suponen un ataque contra la convivencia pacífica en Cataluña y una grave perturbación de los derechos (…) en cuanto lanzan un mensaje coactivo general dirigido a todas las autoridades, funcionarios y ciudadanos, defensores del Estado de derecho y del ordenamiento constitucional», señala la Fiscalía en la instrucción.
Para evitar que esto suceda, Maza solicita a sus fiscales que reclamen a las fuerzas y cuerpos de seguridad (Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil) que retiren esos carteles intimidatorios y que elaboren los atestados correspondientes identificando a los responsables.
La Fiscalía de Lleida investiga ya quién está detrás de la colocación de carteles en junio con las imágenes de líderes políticos contrarios a la independencia como Inés Arrimadas (C’s), Miquel Iceta (PSC) y Xavier García Albiol (PP) y en los que se podía leer: «Los que niegan el derecho a la autodeterminación son enemigos del pueblo».
