La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha asegurado en un comunicado, en el que reacciona a las peticiones que se han planteado en los últimos días para que sea ilegalizada, que el dictador, «en tanto que Jefe del Estado, ni fusiló a nadie, ni dictó condena a muerte alguna, sino la Justicia».
«Las condenas no las decide el Jefe del Estado, sino la Justicia» sostiene la fundación, que añade que el Frente Popular «procedió a docenas de miles de ejecuciones» y que si por ello los que piden su ilegalización consideran que Manuel Azaña fusiló «a cada uno de los ejecutados por el Frente Popular, empezando por los de Paracuellos».
La FNFF mantiene que tiene como «una de sus señas de identidad la defensa de las víctimas que causó el Frente Popular».
Y opina que Franco ofreció a los caídos del Frente Popular «la mayor dignidad que estaba en su mano: la posibilidad de dormir el sueño eterno junto a los caídos de la España Nacional, hermanar vencedores y vencidos bajo la Cruz del Valle de los Caídos».
«Francisco Franco trató a los caídos del Frente Popular con el inmenso respeto que significa ofrecerles sepultura junto a sus propios hombres, y la FNFF, como no podría ser de otra manera, siempre ha mantenido esta actitud de reconciliación y respeto», añade en el comunicado.
La fundación dice que entre sus funciones «capitales» está «la defensa de la media España víctima del Frente Popular, que hoy -afirma- yace olvidada por todos».
«Detrás de este deseo de eliminar a la FNFF del debate público están los mismos que persiguen, apedrean o detienen un autobús perfectamente legal», comentan desde la fundación.
El comunicado concluye advirtiendo de que la defensa de la fundación «es, a día de hoy, una obligación cívica, por encima de discrepancias ideológicas o de simpatías políticas».
«Es clave para permitir el reconocimiento y homenaje público a las víctimas causadas por el Frente Popular, y conseguir la declaración de genocidio para la matanza de católicos que llevó a cabo», apostilla. EFE
