No resulta extraño que los partidos de oposición al gobierno de España, hayan pedido el cese del Fiscal General del Estado y del Fiscal Anticorrupción. Si las informaciones aparecidas estos días resultaran ciertas, las actuaciones de ambos, aunque, sobre todo, la del Fiscal Anticorrupción, podrían ser constitutivas de delito.
La investigación del llamado caso Lezo, por el que el expresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, se encuentra ya en prisión, ha revelado presuntas actuaciones irregulares del Fiscal Anticorrupción. Actuaciones como las de intentar retrasar registros o investigaciones tendentes a descubrir la corrupción del ya citado Ignacio González. También se acusa al Fiscal General del Estado de intentar encubrir dichas actuaciones.
No resulta de recibo que un Gobierno que se dice luchador contra la corrupción, pueda mantener en su puesto a quienes actúan de manera irregular. El Ministro de Justicia de este país, señor Catalá, si las informaciones resultaran veraces, no debería mantener un minuto más en su puesto tanto al Fiscal General como al Fiscal Anticorrupción.
El gobierno de este país, no debe parecer, con sus actuaciones, que ampara, en cierto modo, a sus cargos públicos, cuando son investigados. Como acaba de decir el presidente del gobierno Rajoy, “ el que la hace la paga”. ¿»El que hace la paga»?