Las VPOS (viviendas de protección oficial) solían servir para proporcionar una residencia digna a aquellas personas que, por su falta de recursos, no podían acceder al derecho constitucional de obtener una vivienda.
Tras cumplir una serie de requisitos, el Estado, los gobiernos autonómicos e incluso los ayuntamientos proporcionaban a sus ciudadanos la oportunidad de adquisición de un inmueble. A cambio, los afortunados se comprometían a no especular, a no vender dicha vivienda hasta transcurridos unos años, solían ser cinco (años que fueron aumentando por la picaresca de algunos) y a no aprovecharse de dicha adquisición para ganar dinero. Transcurrido, por tanto, un tiempo, y tras transformar la categoría urbana de dicha vivienda de VPO a VPP (vivienda a precio libre) podía venderse “al mejor postor”.
Todo esto quedaría en una información de carácter económico, como una más de las actividades financieras que ocurren en los países desarrollados, como es el caso de este país, España. Pero he aquí, que un cargo político -un senador- de Podemos, ha podido inquirir en una posible especulación, un posible “pelotazo”, al haber podido vender su VPO (un piso en una localidad madrileña en la que, al parecer, ni siquiera residía en ella y recibiendo dinero para ello) a un precio infinitamente superior que al de compra, lo que le ha podido hacer ganar varios miles de euros.
Podemos, muy crítico hacía el negocio del mercado inmobiliario, ve cómo en sus filas existen también personas corruptas, que se aprovechan del Estado, para obtener un beneficio económico. La dimisión debería haber sido inmediata, pero no parece que se haya producido todavía.
Al ciudadano le queda solamente apelar a “la pataleta” y a la queja más profunda ante tales comportamientos, que aunque puedan revestirse de legales, resultan del todo inmorales, concepto que seguramente muchos de los que hoy han accedido al poder político y los que ya estaban, desconocen por completo.
