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SEAG pide garantías a la Administración en el pago de los alquileres de inquilinos vulnerables

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SEAG pide garantías a la Administración en el pago de los alquileres de inquilinos vulnerables

El nuevo marco jurídico del ‘decreto Maricarmen’ obliga a la Administración a pagar la deuda del inquilino vulnerable en riesgo de desahucio por impago del alquiler si no ofrece una alternativa habitacional

El Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre, introduce un cambio sustancial en los desahucios por impago. Cuando se acredite judicialmente la vulnerabilidad del inquilino, la Administración competente dispondrá de dos meses para ofrecerle una alternativa habitacional o asumir las cantidades pendientes necesarias para detener el procedimiento.

El nuevo marco traslada por primera vez a los poderes públicos la responsabilidad económica de proteger al inquilino vulnerable cuando no existe una solución residencial. Sin embargo, Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) advierte de que la norma no será efectiva si su aplicación deriva en nuevos trámites, conflictos competenciales o retrasos para el propietario.

“La reforma corrige un desequilibrio histórico: atender la vulnerabilidad es una responsabilidad pública, no una obligación económica del arrendador particular. Pero reconocer quién debe pagar no basta. Es necesario garantizar que el pago se produzca realmente dentro del plazo previsto”, afirma Pedro Bretón, CEO de SEAG.

La entidad reclama que la resolución judicial que acredite la vulnerabilidad active de oficio el expediente. También pide identificar al organismo responsable en cada territorio, fijar una documentación común y habilitar un sistema que permita consultar la tramitación, las cantidades reconocidas y la fecha prevista de abono.

El nuevo mecanismo puede incluir las mensualidades impagadas, las rentas devengadas hasta el pago efectivo y los costes procesales reconocidos al propietario. Por ello, SEAG considera imprescindible que el desarrollo administrativo sea homogéneo y que cualquier retraso genere los intereses correspondientes.

“Si cada comunidad autónoma aplica un circuito distinto, el propietario puede acabar recorriendo un nuevo laberinto administrativo después de haber acudido ya a los tribunales. La protección social solo será efectiva si el inquilino recibe una solución y el arrendador cobra sin tener que iniciar otra reclamación”, concluye Bretón.

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