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Rechazadas las enmiendas a la totalidad de UPN, PPN y Grupo Mixto al proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2027

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Rechazadas las enmiendas a la totalidad de UPN, PPN y Grupo Mixto al proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2027

Entre el 1 y 11 de diciembre se procederá al análisis de las enmiendas parciales y el dictamen de la Comisión será elevado a Pleno, para el definitivo debate y votación, el día 17

El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado hoy, con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, las enmiendas a la totalidad presentadas por UPN, PPN y Grupo Mixto al Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2027. Los titulares de las solicitudes de devolución de las Cuentas Generales UPN, PPN y el Grupo Mixto han intercambiado apoyos a sus respectivas propuestas.

Ahora, una vez rechazada la devolución del proyecto de Ley al Gobierno, entre los días 1 y 11 de diciembre se procederá al examen de las enmiendas parciales en la Comisión de Economía y Hacienda, cuyo dictamen será elevado a Pleno, para el definitivo debate y votación, el 17 de diciembre.

El proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 2027, cifrado en 7.284,8 millones (+8,1 %), fue admitido a trámite el 2 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento el 5 de noviembre.

De los 7.284,8 millones que se contemplan en las Cuentas, 6.850,6 corresponden al gasto no financiero (departamentos del Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra y Consejo de Navarra) y el resto, 434,2 millones, al gasto financiero (amortización de deuda y pago de intereses).

El techo de gasto no financiero supone un incremento del 8,4% respecto al Presupuesto de 2026, que ascendía a 6.318,6 millones de euros, lo que arroja una diferencia en términos absolutos de 532 millones.

El gasto financiero aumenta un 2,67% en relación con el del ejercicio anterior, cifrado en 422,9 millones, lo que representa una subida de 11,3 millones.

El Grupo Parlamentario de UPN justifica su enmienda a la totalidad en la necesidad de impulsar una “nueva orientación presupuestaria” que supere las políticas continuistas y vincule los recursos públicos a “resultados mesurables”, al desarrollo económico y a la mejora efectiva de los servicios públicos.

En ese marco, se advierte del descenso de las operaciones de capital operada tras la finalización de los fondos europeos y se reclama una programación plurianual de inversiones financiada con recursos propios y dotada de garantías de ejecución. A ese respecto, se aduce que el anuncio de un plan adicional con cargo a los remanentes “no sustituye” a una planificación estructural.

En el ámbito de los servicios públicos, UPN sostiene que el incremento de las partidas presupuestarias no garantiza, per se, una mejor atención a la ciudadanía. Así, en materia sanitaria demanda compromisos concretos tendentes a la reducción de las listas de espera, con plazos definidos y cobertura profesional suficiente. En servicios sociales, aboga por agilizar las resoluciones en materia de dependencia y discapacidad. Y en educación, desde el respeto a la libertad de elección de centro, propugna la implantación de objetivos evaluables dirigidos a revertir los resultados del informe PISA.

En relación con la vivienda, UPN califica de “absoluto fracaso” el modelo del Ejecutivo, al considerar que la adquisición pública de inmuebles no incrementa la oferta total, de ahí que defienda como alternativas la preparación de suelo, la construcción de vivienda protegida y una mayor seguridad jurídica en el mercado del alquiler.

En el terreno económico y territorial, UPN defiende reforzar la competitividad de las empresas, del colectivo de autónomos, del comercio y del sector agroalimentario, mediante la simplificación administrativa, la disponibilidad de suelo industrial y la implementación de programas cuya utilidad esté acreditada. Asimismo, reclama concretar el calendario, la financiación y la fecha de licitación de las obras correspondientes a la segunda fase del Canal de Navarra.

Por último, UPN plantea revisar los criterios de financiación municipal para, entre otros, incorporar medidas de lucha contra la despoblación y reforzar el control de las modificaciones contractuales y las desviaciones de costes. A su vez, propone una revisión del modelo fiscal, con el fin de evitar que la inflación incremente la carga tributaria sobre las rentas nominales y, de ese modo, recuperar poder adquisitivo de las familias, las clases medias, los jóvenes y el tejido empresarial.

En la misma línea, la enmienda a la totalidad formulada por el G.P. PPN da cuenta de unos presupuestos continuistas vinculados a un modelo sometido a los compromisos políticos con EH Bildu, en lo que califica como “pacto inmoral”. A su juicio, este planteamiento incrementa el gasto y la presión fiscal, sin que ello derive en una mejora de los servicios públicos ni en reformas estructurales.

En el plano económico y laboral, el PPN advierte del retroceso de la producción industrial y del aumento del desempleo en Navarra, y requiere una política industrial preventiva, acompañada de una reducción de las trabas burocráticas y una reforma fiscal que alivie la carga sobre las rentas medias, las personas autónomas y las pequeñas empresas, todo con el objetivo de atraer inversión y talento.

A propósito de los servicios esenciales, el PPN contrapone su deterioro con el incremento de las dotaciones presupuestarias y, entre otros, censura el aumento de las listas de espera sanitarias desde 2019, las demoras en atención primaria y especializada, así como los retrasos en la valoración de la dependencia. También reclama un refuerzo de la atención a la salud mental.

En lo que concierne a la educación, el PPN insta a adoptar medidas dirigidas a paliar el retroceso reflejado en el Informe PISA 2025, al tiempo que defiende la libertad de elección de centro y la dotación de plazas suficientes, en condiciones de accesibilidad, en el ciclo de 0 a 3 años.

Finalmente, el Grupo Popular solicita una evaluación rigurosa en relación con la eficacia de la Renta Garantizada y del Ingreso Mínimo Vital, con el fin de “favorecer la inserción laboral y reducir la pobreza”.

En cuestión de vivienda, el PPN considera insuficiente la estrategia del Ejecutivo, por no priorizar el aumento de la oferta mediante la colaboración público-privada y el refuerzo de la seguridad jurídica. Igualmente, exige calendarios públicos y financiación suficiente para infraestructuras estratégicas, como el tren de altas prestaciones y la segunda fase del Canal de Navarra. A su vez, reclama un mayor control de las partidas nominativas, las subvenciones directas y los sobrecostes en la contratación pública.

Por su parte, Grupo Mixto sustenta su enmienda a la totalidad en la convicción de que el proyecto trasladado por el Ejecutivo responde a una “orientación política y económica equivocada”, basada en un crecimiento injustificado del gasto público (incluida la estructura administrativa), en parte mediatizado por los acuerdos con EH Bildu. A su parecer, un mayor gasto no garantiza por sí mismo mejores servicios ni prosperidad, por lo que propone “racionalizar las estructuras administrativas, eliminar duplicidades y revisar el sistema de subvenciones públicas para evitar la financiación de actividades sin utilidad social acreditada”.

En la esfera económica y social, el G-Mixto defiende una reducción de la política impositiva, al objeto de recuperar poder adquisitivo (especialmente de las familias numerosas) y capacitar la actividad de las personas autónomas, las pymes y el sector primario, también mediante la reducción de trabas administrativas y una mayor seguridad jurídica. En el ámbito sanitario, plantea el establecimiento de indicadores públicos que permitan evaluar y reducir las listas de espera.

En cuanto a las infraestructuras, el G-Mixto exige un calendario verificable para la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra y la mejora de las conexiones logísticas. Asimismo, sugiere optimizar los medios de la Policía Foral y la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por último, reclama proteger las instituciones y la personalidad de Navarra y, ya en lo relativo al euskera, solicita evitar exigencias desproporcionadas en los procesos de acceso a la función pública.

Frente a estos planteamientos, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin justifican su rechazo a las tres enmiendas a la totalidad en la estabilidad institucional que evidencia el octavo acuerdo presupuestario consecutivo y en el carácter “eminentemente social” del proyecto de Presupuestos para 2027. A tal efecto, destacan que el 57,7 % del gasto no financiero se destinará a inversión social en ámbitos como Salud, Educación, Derechos Sociales, Vivienda y Cultura.

En ese marco, los grupos de gobierno subrayan que el proyecto de Presupuestos, completado con medidas fiscales de carácter progresivo como la deflactación asimétrica del IRPF y la recuperación de deducciones para facilitar el acceso a la primera vivienda, contribuye a la lucha contra la desigualdad, ya sea en la esfera sanitaria (reducción de listas de espera), residencial (parque público protegido y alquiler asequible), industrial (atraer inversión), del empleo (de calidad), de la economía social (cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción) o el emprendimiento (instrumentos públicos de financiación y beneficios fiscales específicos).

Desde parámetros similares, EH Bildu rechaza los argumentos de UPN, PPN y G-Mixto y respalda el acuerdo alcanzado con el Gobierno para aprobar unos Presupuestos “de marcado carácter social”, orientados a situar las necesidades de la ciudadanía por encima de los intereses partidistas. A tal fin, prioriza el fortalecimiento de los servicios públicos, la mejora de las pensiones mínimas y la ampliación de derechos en vivienda y fiscalidad. Y paralelamente, insiste en el deber de proteger a los colectivos más vulnerables.

 

 

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