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La incapacidad de los partidos belgas para llegar a una posición común sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá ha llevado a suspender la cumbre prevista este jueves para su firma formal con la presencia del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
Tras el fracaso de la última reunión de concertación entre los representantes regionales belgas, el gobierno canadiense ha anunciado a última hora del miércoles que su delegación no cogería el avión para Bruselas.
Desde hace varios días, el gobieno belga intenta convencer a la región francófona de Valonia, a la capital Bruselas y a la «Comunidad francesa» para que levanten su veto que bloque la firma del CETA por parte de Bélgica e impide la rubrica de la UE.
El 29 de febrero de 2016 se publicó el nuevo texto del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá –comúnmente conocido por sus siglas en inglés CETA-. Sorprendentemente, y aprovechando el proceso de “depuración jurídica” del texto final que había sido acordado en septiembre de 2014, el contenido de este acuerdo en relación con el capítulo de inversiones ha sufrido un profundo cambio. Más, en concreto, en relación con el sistema de resolución de controversias inversor-Estado.
Hay que recordar que en el texto de 2014 se contemplaba el sistema de arbitraje inversor-Estado –ISDS en sus siglas en inglés-. Un sistema de arbitraje que también se ha incluido con posterioridad en el Acuerdo de la UE con Singapur. Sin embargo, en las negociaciones que se están llevando a cabo con Estados Unidos para lograr un Acuerdo de Libre Comercio –el TTIP-, la Unión Europea ha puesto sobre la mesa una nueva posición sobre esta cuestión basada en la creación de un Tribunal Internacional de Inversiones. Este nuevo sistema se aleja en sus puntos fundamentales del arbitraje acercándose a un procedimiento judicial, configurándose un sistema de justicia en dos niveles: un procedimiento ante un tribunal de primera instancia y, en segundo lugar, un órgano de apelación.
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