El eterno debate entre el gobierno central y el gobierno foral por la aportación que este último debe llevar a cabo en concepto de cupo, también llamado Convenio económico, por los servicios que el Estado proporciona a Navarra, uno año más vuelve a abrirse.
Esta vez porque el gobierno navarro, según sus informes jurídicos, considera que aporta más de lo que le correspondería, entre 100 y 250 millones más. Además, incide en el hecho de que este cálculo equivocado, si se llevara a efecto, afectaría de manera importante al presupuesto de esta comunidad. El ministerio del señor Montoro responde criticando los informes aportados, al considerarlos poco precisos y confusos.
Estamos, por tanto, como todos los años. Un tira y afloja entre unos y otros, seguramente, con la razón en ambas partes, pero que no resuelve nada.
El problema de fondo radica en que la Comunidad Foral de Navarra recauda, para su uso y disfrute, los impuestos de todos los navarros. Estos no terminan, por tanto, en el gobierno central, como así pasa en otras comunidades. Ello obliga a negociar, casi cada año, lo que esta comunidad debe aportar al Estado, en concepto de cupo por los servicios que este proporciona, a saber, cuerpo y fuerzas de seguridad del estado, empleo, sanidad, etc.
Conceptos como población, aportación al PIB, gastos fijos o comunes, etc, etc, son los que permiten calcular el cupo. Y los datos ahí están, no cabe el engaño. El problema viene en la interpretación diferente que se hace de dichos datos. Cada bando “barre para su casa” y ahí esta el problema.
Los ciudadanos asisten cual convidados de piedra a dichas negociaciones. Un análisis claro, preciso y fácilmente entendíble por todos parece sería lo más optimo. Los ejercicios de ingeniería financiera, que todos aplican, solo confunden al ciudadano y generan incertidumbre en la sociedad navarra.
