La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, ha señalado hoy en el Parlamento que la legislación estatal sobre contratación de personal en las Administraciones Públicas ha sido «muy restrictiva» y ha afectado «notablemente» a la incorporación de empleados públicos en Navarra.
Olaechea se ha pronunciado en este sentido en su comparecencia ante la comisión de Presidencia, en la que ha explicado el informe realizado por la institución sobre la evolución en la contratación de personal en las administraciones públicas navarras y la incidencia que ha tenido la Ley Orgánica 2/2012.
De esta forma, ha apuntado que, en el periodo 2012-2015, la normativa básica estatal sobre personal de las administraciones públicas «ha sido muy restrictiva y ha afectado notablemente a la incorporación y contratación de empleados públicos».
Ha asegurado que, «a pesar de las restricciones», la administración debería «aprobar y publicar anualmente ofertas públicas de empleo y convocatorias para la provisión de vacantes, conforme a las tasas de reposición establecidas».
Sin embargo, ha explicado que, en la Administración foral, con las 2.340 bajas de personal fijo, se aprobó una OPE de 403 plazas.
«Esta OPE, pese a las restricciones de incorporación de personal fijo, pudo haber sido superior porque no se aprobó una en 2012 y, por no haberlo hecho en plazo, el Estado interpuso dos recursos que han llevado a la supresión de las 71 plazas de la OPE de 2014 y 20 de la de 2012-2015», ha advertido.
En los ayuntamientos analizados, «las estrictas restricciones para la incorporación de personal han limitado notablemente la aprobación de OPE», según Olaechea, que ha explicado que, «de las 229 bajas definitivas de personal fijo, se han ofertado 49, de las que se han convocado 14 plazas y se han incorporado 5 empleados fijos».
«También han sido constatadas deficiencias en las plantillas orgánicas», ha advertido, antes de señalar que «no incorporan todas las vacantes».
En relación con la Administración foral ha dicho que «no se ha seguido el procedimiento en cuanto a convocatorias de personal, porque solo sean convocado 55 plazas y se han incorporado 19 empleados fijos».
En cuanto al incremento de la contratación de personal temporal en la Administración, el informe destaca un paso de 41.822 contratos en 2012 a 49.960 en 2014, de una duración media de 13 días en el SNS-O. «En el periodo 2012-2014 se celebraron un total de 136.000 contratos temporales, el 85 % de los cuales en SNS», ha afirmado.
Respecto a los 11 ayuntamientos de población superior a 9.000 habitantes, ha remarcado un total de 5.085 contratos temporales en 2012-2014, de una duración media entre 61 y 194 días. En dichos consistorios, ha destacado que la tasa de temporalidad en 2014 oscila entre el 18 % en Pamplona y el 67 % en Burlada, siendo superior al 50 % en Tafalla, Berriozar y Egüés.
En el informe también se recoge una alta tasa de temporalidad «que aumenta progresivamente», pasando de 29,5 % en 2011 al 33 % en 2014. De esta manera, ha recomendado «incluir en la plantilla orgánica plazas para necesidades estructurales y permanentes» y «fijar directrices comunes y criterios homogéneos para la elaboración en la plantilla orgánica en los ayuntamientos».
También ha apostado por aprobar ofertas anuales de empleo público a fin de «disminuir la creciente tasa de temporalidad en las administraciones públicas» y por «evitar realizar contrataciones temporales para atender funciones permanentes».
El parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza ha considerado «demoledores» los datos de temporalidad e interinidad, en la misma línea que Adolfo Araiz (EH Bildu), que ha afirmado que «detrás de los números» hay «personas afectadas por estas situaciones».
Óscar Arizcuren (UPN) ha comentado que esta situación es consecuencia del contexto presupuestario de la anterior legislatura, donde se tuvo que apostar por «reducir los gastos generales de la administración» con el «mínimo impacto» posible en las políticas sociales.
La socialista Inma Jurío ha apostado por realizar una «reestructuración de la administración pública» y José Miguel Nuin (I-E), ha lamentado la «enorme gravedad» de la situación y el «destrozo» que se está produciendo sobre los servicios públicos. EFE
