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El juez investiga una trama de adjudicaciones en Lloret a cambio de donaciones a CDC

El juez investiga una trama de adjudicaciones en Lloret a cambio de donaciones a CDC

Detenido un empresario por supuestamente recibir contratos de Lloret a cambio de donaciones a la fundación de CDC

Los funcionarios del ayuntamiento detenidos por la mañana, en libertad a la espera de declarar como investigados ante el juez.

La Guardia Civil ha detenido al propietario de la empresa GBI Serveis,Gustavo Buesa, en el marco de la operación en la que investiga si hizo cuantiosas donaciones a la fundación Catdem, vinculada a CDC, a cambio de obtener adjudicaciones supuestamente irregulares en Lloret de Mar (Girona). Según ha informado la Guardia Civil, el empresario y propietario de GBI Serveis ha sido detenido en Lloret de Mar, en el marco de la operación en la que por la mañana se había arrestado al secretario y al interventor municipal del Ayuntamiento de esta localidad, que ya han quedado en libertad, a la espera de ser citados próximamente por el juez.

En la operación, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 2 de Blanes (Girona) y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, se investiga una supuesta trama de adjudicaciones millonarias de servicios, aparentemente preparadas y publicadas a medida, en beneficio de GBI, propiedad de Buesa. El empresario se encontraba por la mañana en Ibiza y ha vuelto a Catalunya al conocer la operación para ponerse a disposición del juez.

Buesa es uno de los principales donantes de la Fundación Catdem, afín a CDC, y permanece imputado por la Audiencia Nacional por presunto pago de comisiones ilegales a Jordi Pujol Ferrusola, con quien comparte algunos negocios. Según han informado fuentes cercanas a la investigación, el juez investiga si existen vínculos entre las donaciones de Buesa a la fundación Catdem con los contratos que le adjudicó el ayuntamiento de Lloret, gobernado por CDC.

Negocios con Pujol Ferrusola y ayudas a Unió

En una comparecencia en la comisión de investigación del Parlament sobre el caso Pujol, Buesa admitió en marzo de 2015 que había realizado varios negocios con Jordi Pujol Ferrusola, en México y en Tivissa (Tarragona), y que había hecho donaciones a la Catdem además de conceder un préstamo de 50.000 euros a Unió -los antiguos socios de Convergencia en la ya desaparecida coalición CiU-. El juez también investiga, según las fuentes consultadas, presuntos tratos de favor por parte de GBI a familiares de cargos municipales a cambio de que intercedieran para facilitar que en 2011 el grupo se adjudicara el contrato del servicio de basuras.

La investigación arranca del caso Clotilde, en el que fue condenado a nueve años de inhabilitación el exalcalde de CiU Xavier Crespo por aceptar regalos de un supuesto mafioso ruso a cambio de facilitar sus proyectos urbanísticos en Lloret de Mar.

En el marco de aquella investigación, se descubrió una supuesta trama de adjudicaciones millonarias de servicios, aparentemente preparadas y publicadas a medida, en beneficio de GBI Serveis, a través de un “complejo entramado de sociedades mercantiles con ramificaciones en otros países”, según la Guardia Civil. Entre las adjudicaciones sospechosas a GBI Serveis se investiga el contrato de servicios de basura por 7,9 millones de euros anuales que el Ayuntamiento de Lloret le concedió de urgencia en 2011, en el último pleno del mandato de Xavier Crespo, por un periodo de diez años, lo que suponía unos ingresos para el grupo de cerca de 80 millones.

En las pesquisas realizadas sobre este contrato se desprende, según la Guardia Civil, que GBI se apropió de medios materiales propiedad del consistorio de Lloret, parte de los cuales habrían sido transferidos a terceras personas o utilizados por el grupo en otros servicios ajenos a la adjudicación, incluso en el extranjero. Otro de los contratos bajo sospecha, según la Guardia Civil, es el que GBI consiguió por valor de casi 30 millones para la construcción del centro de tratamiento de residuos municipales de Lloret de Mar.

En la investigación se acusa a los detenidos de los delitos de prevaricación, cohecho, fraude, apropiación indebida y tráfico de influencias, entre otros. EFE/ NAVARRA INFORMACIÓN

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