Manuel Arizun, director de Irache (izda)
NAVARRAINFORMACION:ES
Irache representa actualmente a más de quinientas familias ante los tribunales por las llamadas cláusulas de suelo. Los 18 asociados de la demanda colectiva recibirán cantidades que van desde los 3.000 hasta los 20.000 euros
La Asociación de Consumidores de Navarra Irache en rueda de prensa ha informado de que ya son más de 2.500 personas las que tenían cláusula suelo en su préstamo hipotecario.
La cláusula suelo, explican desde la asociación, es un límite mínimo que el consumidor tendrá que pagar en la cuota mensual de su hipoteca, aunque el Euribor (u otro interés) más el diferencial suponga un importe menor.
Irache, una vez estudiadas las características de los préstamos y su comercialización, los técnicos han tratado de negociar con las entidades financieras y en buena parte de los casos se ha conseguido llegar a una solución satisfactoria para el consumidor sin tener que acudir a la vía judicial. Sin embargo, en los casos en los que no se ha llegado a acuerdo, se ha acudido a los tribunales para defender los derechos de los afectados.
Actualmente la Asociación está representando a más de quinientas personas en diferentes demandas -tanto colectivas como individuales- por cláusulas suelo ante los tribunales.
Hay tres demandas colectivas que agrupan en total a 407 clientes de Caja Rural de Navarra; 80 socios han reclamado en los juzgados frente a Caja España; además, ha habido requerimientos individuales con otras entidades y se está preparando una nueva demanda con otros 50 asociados que se presentará en un corto plazo de tiempo.
Junto a ellos, había una demanda de 18 afectados con el Banco Popular. Recientemente se ha dado a conocer el fallo de esta demanda, que es la primera sentencia de las acciones grupales que está llevando a cabo Irache. El juez ha declarado nulas las cláusulas suelo que tenían incluidas 18 asociados (de Pamplona, Irurtzun, San Adrián, Villafranca, Tafalla o Elizondo) en sus hipotecas y ha obligado a devolver las cantidades cobradas de más por estos suelos desde el momento de la firma de cada préstamo.
Las cantidades que se deben devolver están entre los tres mil y veinte mil euros, según cada caso. Las cuantías de los préstamos oscilan entre 78.000 y 349.000 euros y los suelos hipotecarios van desde el 2% hasta el 5%.
El juzgado ha entendido abusivas las cláusulas por falta de transparencia, al trasvasar la argumentación del Tribunal Supremo en su sentencia 705/2015, de finales del año pasado, en la que considera que las cláusula suelo incluidas en los préstamos del Banco Popular es nula por no reunir las exigencias de transparencia aplicables.
La sentencia del juzgado de Pamplona se centra, por ello, en la retroactividad de los efectos de declarar nulo el suelo. En primer lugar aclara que la sentencia de mayo de 2013 del Supremo, en la que determina que la devolución de cantidades sólo se dará a partir de esta resolución, no se puede aplicar a los juzgadores de instancia.
Así, recuerda el juez, que la doctrina del Supremo durante más de veinte años ha sido que la nulidad conlleva efecto desde la firma del contrato porque, de no acordarse así, “se estaría produciendo no solo un desequilibrio patrimonial, sino un enriquecimiento injusto de la parte beneficiada por la cláusula nula”, en este caso de la entidad demandada.
Indica, además, que la restitución deberá hacerse con intereses ya que, de no ser así el banco habría obtenido hasta mayo de 2013 se habría financiado al 0% a costa del empobrecimiento de los demandantes.
Irache anima a los consumidores que tengan suelo a reclamar
Desde Irache entendemos que, cuando la cláusula suelo se ha comercializado sin la transparencia necesaria y por tanto es nula, el consumidor tiene derecho a que se le devuelvan todas las cantidades cobradas de más por un límite que nunca debió incluirse de esa manera en el préstamo hipotecario.
Desde la Asociación, lamentamos las dificultades que están poniendo a los consumidores para solucionar el problema de las cláusulas suelo y animamos a los consumidores a informarse y reclamar cuando se les haya incluido este límite sin informarles convenientemente de ello.
