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Fuerte de San Cristóbal en el monte Ezcaba (Navarra)
La Comisión de Relaciones Ciudadanas ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “negociar con el Ministerio de Defensa la cesión del uso o la donación del Fuerte San Cristóbal”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Ejecutivo Foral a que, “previo informe de la Comisión Técnica de Coordinación en Materia de Memoria Histórica, estudie la declaración del Fuerte como Lugar de Memoria Histórica, declaración que reforzaría el interés por el lugar y que podría hacer que el actual propietario tuviera que garantizar la perdurabilidad, la identificación y la señalización adecuada del Fuerte”.
Este epígrafe, producto de una enmienda de adición presentada por Geroa Bai y aceptada por el PSN, titular de la iniciativa, ha prosperado con el respaldo de todas las formaciones salvo el PPN, que ha votado en contra.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. PSN da cuenta de las diferentes tentativas planteadas desde 1998 para la conversión del Fuerte San Cristóbal-Ezkaba en Área Natural Recreativa, incluidas las del Ayuntamiento de Berrioplano en 2007 y la de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en 2009, y destaca la proposición no de Ley aprobada el 25 de abril de 2006 por la Comisión de defensa del Congreso de los Diputados.
Dicha iniciativa, según se constata, planteaba la conveniencia de “retomar las conversaciones entre la Administración central y el Gobierno de Navarra para la suscripción de un convenio que, vía cesión, posibilite un proyecto tendente al empleo de la instalación con fines recreativos y sociales, y que sirva también como homenaje a las víctimas de la Prisión de San Cristóbal”.
I-E pide la colaboración del Estado
La Comisión de Relaciones Ciudadanas ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y el voto en contra del PPN, una resolución por la que se solicita al Gobierno de España que “se haga cargo de la búsqueda de los familiares de los 85 presos muertos por enfermedad y enterrados en el cementerio del Fuerte Alfonso XII, y se haga cargo de los gastos económicos de la exhumación, análisis de ADN y, en su caso, traslado de los restos”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Ejecutivo central a que “proceda a buscar a las familias de las 203 personas fallecidas por enfermedad y enterradas en los doce cementerios de la Céndea de Ansoáin”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se emplaza al Ejecutivo Foral a “impulsar la constitución de una Mesa de Trabajo en la que participen, además del Gobierno de Navarra a través de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, los ayuntamientos de la zona, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y las asociaciones memorialísticas, al objeto de elaborar un Plan de rehabilitación y recuperación del Fuerte y su entorno como espacio para la Memoria Histórica y como área natural de ocio y fines recreativos”. Este punto es producto de una enmienda suscrita de común acuerdo por PSN e I-E, titular de la iniciativa.
Por último, se “exige al Gobierno de España que adecente el cementerio del Fuerte, conocido como cementerio de las botellas, y coloque un panel que informe de las circunstancias de la muerte de los presos y los datos personales de los que fueron enterrados en ese paraje”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por la A.P.F. Izquierda-Ezkerra entiende que, tras 25 años de abandono desde que el Ejército retirara los últimos retenes, es momento de activar todos los mecanismos para, mediante la suscripción de un convenio de cesión, dar forma a un proyecto que “combine la recuperación medioambiental del entorno con el dramático vínculo que San Cristóbal, declarado Bien de Interés Cultural en 2001, guarda con la guerra civil y el franquismo”.
En lo que a su función de presidio respecta, se recuerda que entre 1936 y 1945 más de 6.000 personas procedentes de todas las comunidades autónomas fueron encarceladas en San Cristóbal, de las que 800 perecieron asesinadas o por enfermedad. De entre estas últimas, 203 fallecieron entre 1936 y 1942 y fueron enterradas en los doce cementerios de los pueblos que por entonces componían la Cendea de Ansoáin.
A partir de ese año, los presos que morían por enfermedad pasaron a ser enterrados en un cementerio habilitado en el propio Fuerte, contabilizándose 131 hasta 1945. En 2008, gracias a las ayudas previstas en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, se procedió a la exhumación y entrega de los restos de 46 de esos 131 presos. “Restan otros 85 y, tratándose de muertes producidas bajo el cuidado del Estado, nadie entendería que el Estado no actuara con todos sus medios”.
A la sesión, presidida, por Tere Sáez (G.P. Podemos-Ahal Dugu), han asistido Juan Luis Sánchez de Muniáin, Cristina Altuna, Luis Zarraluqui, Ana San Martín (G.P. UPN), Patxi Leuza, María Solana, Isabel Aranburu (G.P. Geroa Bai), Dabid Anaut, Asun Fernández de Garaialde (G.P. EH Bildu), Rubén Velasco (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Inma Jurío, Nuria Medina (G.P. PSN), Ana Beltrán (A.P.F. PPN) y José Miguel Nuin (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).
