En los últimos meses oigo con frecuencia decir que ciertas medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra y que están provocando polémica, tanto en el ámbito educativo como en el de la salud o en el análisis fiscal, son medidas políticas. Y yo discrepo de ese calificativo.
Entiendo la política como una actividad noble, que queda legitimada cuando se busca el bien común, cuando se pretende solucionar problemas que afectan a los ciudadanos, aplicando medidas imaginativas; es decir, cuando se quiere solucionar problemas que realmente existen y que afectan a la sociedad de modo que se beneficie a la mayor parte y se perjudique lo menos posible. Así me consta que la viven muchos.
Pero no he sido capaz de descubrir ningún bien común en varias medidas que ha adoptado el ejecutivo foral, aunque estoy dispuesta a rectificar y pedir disculpas si se muestran datos que las avalan. Seguramente los tiene el ejecutivo, seguramente se apoya en informes solventes que desconozco, pero que en cuanto los pueda trabajar, seré la primera en corregir esta entrega de Apuntes.
Soy economista, es decir, estoy acostumbrada a utilizar cifras, y suelo tratar los datos en el sentido que aconsejaba Keynes: utilizar fórmulas y números, pero hablar con palabras y procurar que se me entienda. En el tema a que me refiero he manejado estudios e informes de expertos de muy distintas procedencias, tanto sobre la reforma fiscal como sobre la medida más reciente, el Convenio con la CUN y no he sabido encontrar razones económicas que me permitan entender las decisiones del Gobierno. Al contrario, trabajos serios aconsejarían que las medidas fueran en sentido opuesto a las que finalmente y en contra de buena parte de la opinión, se han adoptado.
De manera que creo que no, que estas medidas no son políticas en el sentido que señalo más arriba. Podrían calificarse de ideológicas o tomadas con viejos prejuicios. Y la ideología debería quedar al margen de la acción política cuando los temas que se tocan son tan delicados y tienen tanta importancia sobre el bienestar de las personas como son la educación, la salud o el trabajo. En estos asuntos el gobierno, cualquier gobierno debería considerar prioritario el respeto a la libertad, el buen hacer y la eficacia, considerada en un sentido muy amplio de manera que incluya, no sólo el porcentaje de quienes superen cada ciclo educativo, no sólo los buenos resultados académicos, sino con mayor peso aún, busquen logros en aspectos cualitativos de los que podríamos llamar ‘producto terminado’, es decir, quienes superan cada ciclo y son mejores ciudadanos, más solidarios, más honestos, en una palabra, mejores personas que en el inicio de los estudios correspondientes. Me he centrado en la educación porque es el tema que mejor conozco, pero otro tanto se puede decir para la salud o para el trabajo, sin más que ajustar el discurso a esas realidades distintas.
Insisto, estoy dispuesta a pedir disculpas y a considerar que las medidas responden a criterios de auténtica política; estoy dispuesta a rectificar, en fin, si estoy equivocada. Aunque para ello necesito conocer los informes que apoyan tales decisiones.
Elvira Martínez Chacón, Profesora Emérita de la Universidad de Navarra, área de Economía
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