La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano y, también, al blanqueo de capitales.
El juez de la Operación Taula investiga por supuesta financiación ilegal y blanqueo al PP local, provincial y autonómico de Valencia. La Fiscalía dispone, según confirman fuentes del caso, de indicios de que las irregularidades se extendieron en el tiempo y afectaron a los tres niveles de la formación valenciana.
La macrooperación desplegada desde el pasado martes por la Guardia Civil en Valencia se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas –ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalidad– que se descubrió a raíz de la denuncia por el llamado ‘caso Imelsa’.
Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Entre los detenidos –hay 24– están el expresidente ‘popular’ de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en la capital María José Alcón.
Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent.
Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciado va a demandar a todos sus cargos condenados por corrupción para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados a la imagen del partido y sus militantes y simpatizantes.