El sindicato Manos Limpias acusación particular contra la infanta Cristina en el caso Nóos, anuncia un recurso en el caso de que a la hermana del rey se le aplique la doctrina Botín
Este sería un precedente jurídico por el que no se podría mantener la imputación sólo con una acusación popular. Ayer lunes en el primer día de juicio sobre el caso Noòs con las imputados (Infanta, su marido Iñaki Urdangarin, Torres y su mujer Ana Tejeiro) la Fiscalía y la Abogacía del Estado y la defensa de la infanta argumentaron la exoneración de Cristina de Borbón acogiéndose a la Doctrina Botín.
A pesar de este argumentario para exculpar a la Infanta, la abogada del sindicato, Virginia López Negrete, quien pide ocho años de cárcel para la infanta Cristina por dos delitos contra Hacienda, ha subrayado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal equipara a la acusación popular con la particular en muchos preceptos, lo que a su juicio la legitima para acusar a la hermana del rey sin que lo hagan la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.
Por lo que para la letrada, lo que pretende la defensa de la Infanta Cristina es un «retorcimiento de la ley» y que «si se aplica este retorcimiento para aplicar el privilegio de inmunidad, se estaría realizando mucho daño no solo a la justicia de este país si no a la institución monárquica y a la propia Infanta». Además la denominada ‘doctrina Botín’ fue posteriormente matizada.
López Negrete ha denunciado que haya habido personas que «hayan intentando hasta el ultimo momento impedir que yo estuviera aquí», algo que demuestra que «vamos en el camino correcto».
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, quien mantuvo la imputación de la infanta hasta la apertura del juicio este lunes, no contempla la posibilidad de que se aplique la doctrina Botín a la infanta Cristina, que la evitaría ser juzgada, aunque ha reconocido que le corresponde decidirlo al Tribunal que juzga el caso. «Desde mi óptica personal no contemplo la posibilidad de que se pueda aplicar esta doctrina en este caso», ha añadido.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, no ha querido este lunes valorar si debe aplicársele a la infanta la doctrina Botín y se ha limitado a subrayar que el tribunal decidirá «con fundamento jurídico».
