Desde CCOO hemos vuelto a reiterar ante la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, en la reunión de la Mesa general que se ha celebrado hoy en el Palacio de Navarra, la exigencia de las trabajadoras y trabajadores de la Administración del Gobierno de Navarra de que se abone en 2016 el total de la paga extra sustraída en 2012.
Si los miembros de los partidos que hoy sustentan al Gobierno de Navarra aprobaron cuando eran oposición la Ley Foral 28/2012 por la que se compensaba el valor de la paga extra suprimida, parece difícil sostener por esos mismos partidos políticos que, ahora que la legislación estatal lo permite, no se devuelva en Navarra la paga extra suprimida, al menos en las mismas condiciones en las que lo hace el Gobierno estatal.
No entendemos la posición de algún sindicato que desde las elecciones autonómicas de mayo pasado se ha vuelto mucho más «comprensivo» con las «dificultades por las que atraviesan los gobiernos» para realizar políticas que no vapuleen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Para CCOO, el actual, como el anterior gobierno, son los depositarios de la soberanía popular para acometer las políticas públicas y nuestra labor es la defensa de los servicios públicos y los derechos de las personas que los prestan, independientemente del color político de nuestro interlocutor.
Hemos mostrado nuestro rechazo a una OPE de personal docente que el gobierno se empecina en presentar, aún en contra del criterio del Parlamento que en fechas pasadas aprobó una Moción en la que se reclamaba del Gobierno de Navarra la retirada de la OPE en los términos en los que estaba planteada y que hoy, erre que erre, han vuelto a llevar a la Mesa general en la que solo consiguen el respaldo de LAB y de ELA.
Desde CCOO seguiremos defendiendo en la calle la propuesta que entregamos en la Mesa general: El inicio de una negociación que parta del reconocimiento de los derechos y el empleo perdidos durante la crisis y el establecimiento de un calendario de recuperación de los mismos, con el objetivo de dignificar el empleo público y recuperar el nivel de calidad de los servicios públicos
