El jurado del Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad Pública de Navarra ha decidido conceder el galardón de 2015 a Thelma Esperanza Aldana Hernández, fiscal general de Guatemala y ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia de su país, por su trabajo en pro de “los derechos de la mujer, y contra la violencia de género, y en pro de los derechos de la población indígena”, así como por “su lucha contra la corrupción política y económica”. El premio está dotado con 36.000 euros.
El nombre de la persona galardonada se ha dado a conocer este jueves, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en un acto en el que han estado presentes Inés Olaizola Nogales, secretaria general de la Universidad Pública de Navarra; Joaquín Mencos Doussinague, presidente del jurado y vicepresidente de la Fundación Brunet, y Alejandro Torres Gutiérrez, secretario del jurado y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra.
El jurado del Premio Internacional destaca en el fallo “su trabajo incansable, desde la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, a favor de los Derechos Humanos en Guatemala” y subraya que Thelma Aldana ha cobrado “un especial relieve por su lucha contra la corrupción política y económica, que tanto ha debilitado a la sociedad guatemalteca, actuando en este campo con valor y decisión en todo momento”.
Thelma Aldana (Gualán, Guatemala, 1955) es abogada y notaria por el Centro Universitario de Occidente (CUNOC), perteneciente a la Universidad de San Carlos (Guatemala). Cursó estudios de posgrados sobre diversas materias jurídicas tanto en la citada universidad como en la Escuela de Estudios Judiciales de Barcelona.
Con más de treinta años de experiencia en la judicatura de su país, Thelma Aldana ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia (2009-2014), cuya presidencia ejerció entre 2011 y 2012. Desde este alto tribunal, impulsó la creación de una jurisdicción especializada en delitos de feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer y de una justicia especializada en violencia sexual, explotación y trata de personas.
En mayo de 2014, Aldana fue elegida fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público de Guatemala, lo que le ha permitido poner en marcha un Plan Estratégico de esta institución (2015-2019), que, entre otras actuaciones, potencia la protección de pueblos indígenas, menores y mujeres. También ha priorizado la investigación de casos de asesinatos y desapariciones de la Guerra Civil (o Conflicto Armado Interno, como se llama en Guatemala), ocurrida entre 1960 y 1996, y ha centrado su gestión en desmantelar las redes de corrupción, vinculadas con funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, incluyendo al expresidente Otto Pérez Molina.
Sus aportaciones al sistema de justicia han sido valoradas por diversas entidades guatemaltecas e internacionales. Entre los 65 reconocimientos recibidos, destacan el de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU, por fortalecer el acceso a la justicia de población vulnerable y establecer el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en Guatemala; el del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial de España, por su labor en la erradicación de la violencia de género; y los de diversas organizaciones indígenas de su país, por promover el acceso de estos pueblos a la justicia.
La candidatura de Thelma Aldana ha sido propuesta por la Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica de Guatemala, un centro especializado en atención jurídica y psicosocial para lograr la condena de los agresores y la recuperación de las víctimas.
La Fundación Jaime Brunet es una fundación cultural privada, cuyos fines son el fomento del respeto a la dignidad humana, a las libertades fundamentales y a los derechos humanos, así como la erradicación de situaciones y tratos inhumanos o degradantes. Entre otras actividades, convoca el premio Jaime Brunet Romero con el fin de distinguir un trabajo científico, literario o audiovisual o la trayectoria de una persona o institución que haya destacado en la promoción de los derechos humanos. En total, la fundación ha concedido desde 1998 dieciséis Premios Internacionales Jaime Brunet; el último, en 2014 al fotoperiodista Gervasio Sánchez.
Jaime Brunet Romero (Bayona, Francia, 1926-San Sebastián, Guipúzcoa, 1992) nació en una familia de emprendedores catalanes que se había asentado en el siglo XVIII en Guipúzcoa (donde desarrollaron una importante actividad industrial). Educado con un talante liberal y crítico con la época que le tocó vivir, fue encaminado a la carrera de Derecho por su padre, Jaime Brunet Goitia, jefe local del Partido Republicano y que llegó a ser teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, donde ya habían ocupado la alcaldía su abuelo y bisabuelo. Cursó sus estudios en la Universidad de Valladolid, en la que ejerció como profesor ayudante.
Su afición destacada por la lectura se acompañó por el interés de aprender idiomas, con los que pudo desenvolverse con facilidad en sus numerosos viajes, que le llevaron, a pesar de las dificultades de su tiempo, a recorrer más de treinta países. En estos viajes, según confesaba, captó y comprendió cuánta discriminación y violencia, cuánto abuso de los poderosos sobre los débiles existen aún en nuestro siglo, y con qué facilidad se conculcan diariamente los derechos más elementales de la persona humana.
En los últimos años de su vida, su sensibilidad por la situación de los derechos humanos y la defensa de la libertad del ciudadano se convirtieron en su constante preocupación. Al no tener descendencia directa, y movido por sus sentimientos que le rebelaban contra las actuaciones injustas, decidió legar su fortuna para crear, a su fallecimiento, la fundación que, con su nombre, se dedicara a divulgar los derechos humanos y a premiar a quienes, por su trabajo en defensa de ellos, se hicieran merecedores de este reconocimiento. De este modo, se creó la Fundación Jaime Brunet Romero, con residencia en la Universidad Pública de Navarra, según su voluntad testamentaria.
