La Audiencia Nacional empieza hoy a juzgar a 35 acusados de pertenecer a ETA a través de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV -entre ellos históricos dirigentes abertzales como Pernando Barrena y Juan José Petrikorena-, para los que la Fiscalía pide penas de 10 años de cárcel.
Este macrojuicio, que se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, ha sido aplazado en dos ocasiones desde su suspensión el pasado enero a raíz de la detención de tres de las abogadas defensoras en una operación contra el «frente de makos» de ETA.
La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -compuesta por Concepción Espejel, Julio de Diego y José Ricardo de Prada- volvió a señalarlo para el 16 de noviembre al haber finalizado ya otros que se adelantaron a éste tras su suspensión, fundamentalmente el de la llamada operación Cesto contra once yihadistas, que se prolongó varios meses, aunque por problemas de agenda volvió a aplazarlo al 3 de diciembre.
El juicio en principio iba a empezar el 12 de enero pasado, pero entonces tuvo que aplazarse al haber sido detenidas, ese mismo día en un hotel de Madrid, tres de las abogadas defensoras -Eukene Jáuregui, Haizea Ziluaga y Amaia Izco- en la operación Mate contra el «frente de cárceles» de ETA, en la que fueron arrestadas otras 13 personas en Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación absoluta por integración en ETA para los 35 procesados en este sumario (4/08), además de reclamar que se declare la ilicitud y disolución de PCTV y ANV, formaciones que ya fueron ilegalizadas y canceladas sus inscripciones en el registro de Partidos Políticos por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo.
El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sitúa de octubre de 2005 a 2009 el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna y recoge que la «colaboración» entre la formación ilegalizada y ANV «se compró» en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se hiciera «en base a la legalidad española».
Según el escrito, en la «lucha político-institucional» utilizada por ETA, además de las mociones presentadas por PCTV, el «peso fundamental» recayó en los grupos municipales de ANV, especialmente en las localidades en las que controlaban el ayuntamiento a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una «red de electos contra el tren de alta velocidad».
