El presidente catalán, Artur Mas, llega a las elecciones del 27S sin haber comparecido hasta el momento como imputado en la causa por la consulta alternativa del 9N, como pide la Fiscalía en una querella que ha acabado sirviendo de baza al líder convergente para hacer gala de su compromiso con el soberanismo.
Tras el parón judicial de agosto, la Fiscalía se ha puesto manos a la obra y ha solicitado cuatro testificales que abren nuevos frentes en la causa, para seguir avanzando en el procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Educación, Irene Rigau, por el proceso participativo del 9N sobre la independencia.
Paralelamente, también ha irrumpido en plena campaña electoral la aprobación en el Congreso de la reforma «exprés» del Tribunal Constitucional para dar competencias a este órgano para hacer cumplir sus sentencias y sancionar a los cargos públicos que las ignoren, lo que desde la candidatura de Junts pel Sí interpretan como un intento del Gobierno de inhabilitar a Artur Mas tras el 27S.
