La Fiscalía pide 7 años de cárcel para los tres integrantes acusados de amenazar a personas de la izquierda abertzale
Falange y Tradición fue descabezada en una operacion de la Guardia Civil el 23 de octubre de 2009
La Audiencia Nacional juzgará desde este lunes a tres miembros del grupo ultraderechista navarro «Falange y Tradición» por la comisión de delitos de daños y amenazas con finalidad terrorista que habrían cometido al romper varias placas de homenaje a presos del franquismo, realizar pintadas en cementerios y amenazar a personas de la izquierda abertzale.
La Fiscalía, que acusó por primera vez en este caso de delitos terroristas a un grupo de extrema derecha, pide para José Ignacio Irusta, alias ‘El Barbas’ y ‘El Pater’, Javier López Monreal, ‘El Lanas’ y Borja Pérez Illera sendas penas de siete años de cárcel, seis de inhabilitación absoluta y una indemnización superior a los 3.220 euros para los Ayuntamientos navarros de Orkoyen, Ansoain, Aizoáin y Arbizu.
En concreto, este grupo se responsabilizó de la autoría de diversos actos en los que se amenazó a personas que vinculaba con el independentismo y el comunismo o se atacó monumentos en recuerdo a las víctimas del franquismo, como el existente en el monte San Cristóbal.
Así, asumió la autoría de actos violentos o amenazas desde octubre de 2008 en localidades navarras como Aizoáin, Arguedas, Artica, Baztan, Bera, Elizondo, Lesaka, Pamplona, Vidángoz o Tudela, además de un ataque en Santesteban a una exposición sobre el Islam y otro en Orkoien contra una calle dedicada a la dirigente comunista Dolores Ibarruri, ‘La Pasionaria’.
También reivindicó acciones similares en municipios del País Vasco, entre los que citó Getxo, Irún y Oyarzún, además de la carta amenazante, con una bala en su interior, enviada a la última chupinera mayor de las fiestas de Bilbao, Sonia Polo, hermana de un preso de ETA.
La Guardia Civil puso en marcha en octubre de 2009 una operación contra 5 militantes del grupo en Navarra, Zaragoza y Guipúzcua a los que detuvo acusados de delitos de amenazas y daños. Durante los registros, se incautaron «armas prohibidas» y diversa documentación en soporte papel e informático, efectos de propaganda y material para cometer acciones de sabotaje.
