María José García Pelayo se enfrenta a un delito de prevaricación continuada por supuestas irregularidades en las adjudicaciones a empresas de la de trama
El juez José de la Mata ha pedido al Supremo que investigue a la exalcaldesa de Jerez y senadora del PP María José García Pelayo por un delito de prevaricación continuada por supuestas irregularidades en las adjudicaciones a empresas de la de trama Gürtel de eventos de FITUR 2004.
El juez de la Audiencia Nacional ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo para que se haga cargo de esta investigación al ostentar García Pelayo actualmente la condición de aforada como senadora, arrastrando con ella al alto tribunal a otros siete imputados en esta pieza separada del caso Gürtel.
De la Mata considera que existen indicios de responsabilidad penal en la exalcaldesa por «groseras irregularidades» en determinados contratos administrativos llevados a cabo por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004.
Los expedientes presuntamente tramitados de forma irregular fueron el relativo a la adjudicación del stand de Fitur 2004, el de acondicionamiento para un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de la capital. De la investigación se desprende que los expedientes investigados se tramitaron incumpliendo los estatutos y sin ser aprobados por el Consejo Rector sino directamente por la exalcaldesa.
Según explica el juez, la entonces alcaldesa conoció que todos los documentos presentados por las empresas y los propios documentos administrativos «se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a las que se hizo constar en los mismos», lo que considera probado a través de correos electrónicos intervenidos a integrantes de la red Gürtel.
De la Mata tipifica los hechos como un delito de prevaricación continuada en tanto todas la resoluciones administrativas investigadas eran falsas, se firmaron con posterioridad a las fechas que figuran consignadas en las mismas y no se correspondieron en absoluto con la realidad de expedientes administrativos reales.
