El Gobierno no prohibirá «en modo alguno» que se tomen imágenes de los detenidos
La modificación introducida en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) para proteger la imagen y la intimidad del detenido «no prohibirá en modo alguno» la toma y publicación de imágenes por parte de los medios de comunicación, según el Ministerio de Justicia.
Fuentes de este departamento han informado de que la enmienda transaccional pactada entre CiU y PP no se refiere a la actividad de los medios de comunicación, sino a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que practiquen el arresto.
Mediáticas imágenes, como la de Rato entrando en un coche policial o la de Isabel Pantoja saliendo del furgón tras ser detenida por el caso Malaya, tienen los días contados en nuestros televisores. Con la aprobación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Comisión de Justicia se ha puesto como claro objetivo acabar con las popularmente conocidas como penas de telediario que sufren muchas personas antes de ser juzgadas. Con 23 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones, la Comisión ha dictaminado los dos proyectos de ley de reforma de la LECrim para su debate y aprobación por el Pleno de la Cámara ante las críticas de la oposición, que ha lamentado que el Gobierno haya optado por una reforma «parcial» de una norma que data de 1982 y que supone un «fiasco», si bien el PP ha defendido la «modernidad» de su articulado.
Entre las más de treinta enmiendas aceptadas, la reforma incorpora una transaccional de CiU sobre la detención y la prisión provisional para eliminar las llamadas «penas de telediario». «Se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales, al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse, así como en traslados ulteriores», recoge el articulado.
Fuentes parlamentarias consultadas han asegurado que esta propuesta no está motivada por ningún caso concreto, como el del exvicepresidente Rodrigo Rato, sino que persigue dar un trato «justo, respetuoso e igualitario» a todos los ciudadanos, pese a que la legislación vigente ya señala que el arresto deberá practicarse en la forma «que menos perjudique al detenido».
Otra de las novedades introducidas tiene que ver con la prórroga de los plazos de instrucción que la reforma concedía en exclusiva al Ministerio Fiscal y que ahora también podrán solicitar todas las partes personadas en la causa (acusación popular, acusación particular, defensa y Abogacía del Estado). El PP atiende así la petición unánime de los grupos de la oposición que durante el debate parlamentario han tachado de «inaceptable» esta medida, puesto que en muchas ocasiones «la Fiscalía conoce los procesos cuando están muy avanzados».
Ahora bien, no ha habido cambios en relación con la fijación de límites temporales en la instrucción judicial de 6 meses para las causas ordinarias y 18 para las complejas, pese a las críticas mayoritarias de la oposición. «La lectura simplista de que la justicia es lenta porque no existen plazos es ridícula y muy ofensiva hacia jueces y tribunales», ha dicho Soraya Rodríguez (PSOE), que ha advertido de que los plazos generarán «impunidad e inseguridad jurídica».
Por el contrario, José Gonzalo Ordóñez (PP) ha destacado que los plazos «pondrán coto a la estigmatización» que sufren los acusados por años de dilación judicial, ya que los juzgados «no pueden ignorar el tiempo que transcurre en una instrucción». «Su actividad va a estar sometida al análisis», ha explicado. Asimismo, el texto incorpora una enmienda del PP por la cual los jueces estarán obligados a justificar en un auto la detención incomunicada de los detenidos, quienes, además, serán sometidos a dos revisiones médicas cada veinticuatro horas para comprobar su estado psíquico y físico. De esta forma, el PP ha respondido a las críticas de la Izquierda Plural, PNV, CiU y Grupo Mixto que han denunciado que los períodos de incomunicación generan «espacios de opacidad» que pueden inducir a la práctica de malos tratos y tortura.
Además, se reduce de 24 a 18 meses la duración máxima de la intervención y registro de las comunicaciones durante una investigación judicial y también se establece que cualquier sentencia es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Finalmente, algunos grupos han criticado la sustitución del término «imputado» por «investigado», que pasará a «encausado» tras el auto de acusación, como Gaspar Llamazares, de la Izquierda Plural que ha dicho que se trata de «una medida estética para tapar la falta de contenido de la reforma». «Con ‘investigado’ va a ocurrir lo mismo que con ‘imputado’», ha aseverado Emilio Olabarría (PNV). «Es una sutileza sin relevancia que va a provocar los mismos efectos perversos», ha añadido.
División entre la prensa, los telespectadores y los sindicatos
Asociaciones de prensa, sindicatos y asociaciones de telespectadores y usuarios se han mostrado este jueves divididos ante la modificación del PP de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger la imagen de los detenidos, posicionándose en contra o por el contrario pidiendo «buscar equilibrio» con el derecho de los arrestados.
Entre los que se encuentran en la postura contraria se ha pronunciado la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que ha rechazado la enmienda popular al entender que vulnera el derecho constitucional a la información. «Lo que pretende es ocultar a los ciudadanos las imágenes de hechos de interés general», ha señalado, incidiendo además en que «cuando la policía detiene a alguien, bien por orden de un juez o por la comisión de un delito in fraganti, está defendiendo la seguridad de los ciudadanos, por lo que no se entiende que se pretenda ocultar la toma de imágenes de un hecho que, por afectar a la seguridad de todos, es de interés general».
La presidenta de la Federación de la Asociación de Periodistas en España (FAPE), Elsa González, por el contrario, ha solicitado tanto a los periodistas «ejercer con ética» la labor informativa, como al Gobierno «facilitar» su trabajo a los medios de comunicación. «Recientemente hemos visto a personas que después de ser imputadas, han salido limpias del proceso judicial y ya han sufrido esa denominada pena de telediario», ha recordado.
Mientras, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), sí entiende necesario «encontrar el equilibrio» cuando se produce esa colisión de derechos. «Lo que hay que determinar es dónde está la relevancia informativa en estos casos y si se hace sensacionalismo o espectacularizar la realidad en lugar de dar información», ha indicado.
Conciliar el derecho a informar con la protección de la imagen del imputado
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que hay quetrabajar para garantizar el derecho a la información con el de la presunción de inocencia y de protección de la imagen de detenidos e imputados en causas judiciales, «que es uno de los equilibrios de nuestro Estado de derecho». El titular de Justicia ha recordado que los derechos no son absolutos y que en el Estado de derecho «conviven libertades públicas y derechos constitucionales y todos ellos tienen que ser conciliados y garantizados y no solo uno respecto de otros».
Ha aclarado que «lo que se ha aprobado ayer fue una enmienda transaccional entre los grupos parlamentarios de CiU y PP que lo que pretende es garantizar los derechos a un juicio justo, de presunción de inocencia y de protección de la intimidad de las personas que forman parte del proceso».
De todas formas, fuentes del Gobierno han afirmado que esta modificación no se refiere a la actividad de los medios de comunicación, sino a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que practiquen el arresto, para que adopten las medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos constitucionales del detenido.
