El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, descarga en la Administración pública las presuntas ilegalidades cometidas con la contratación del Instituto Nóos para la celebración de unos eventos por los que la entidad cobró hasta 6,2 millones de euros, tras asegurar que el instituto no tuvo «margen negociador» con los gobiernos balear, valenciano y madrileño.
Así lo pone de manifiesto en su escrito de defensa, en el que subraya que es la Administración pública la que disfruta de un «imperium» y de «poderes exorbitantes» ajenos a los particulares que contratan con ella, y que le permiten configurar y redactar sus contratos «de forma unilateral».
Por otro lado, el juez del caso Nóos, José Castro, ha iniciado los trámites para ejecutar las fianzas de responsabilidad civil a los acusados que no las han cubierto, incluida la infanta Cristina, solicitando que aporten un listado de bienes susceptibles de embargo.
Urdangarin reclama que Nóos sea juzgado por la Audiencia Nacional
Urdangarin invoca en su escrito de defensa que la competencia para juzgar a los 18 acusados del caso Nóos corresponde a la Audiencia Nacional, y no a la Audiencia Provincial de Baleares, donde se prevé celebrar la vista oral a raíz del presunto desvío de más de seis millones de euros públicos y la supuesta defraudación a Hacienda por parte de varios de los procesados, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina.
Se da la circunstancia de que en 2012 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó asumir la competencia de la investigación en torno al Instituto Nóos, tras así haberlo solicitado el expresidente del Govern Jaume Matas, al alegar que la presunta «defraudación» llevada a cabo a través de Nóos no se provocó «ni grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, ni en la economía nacional ni un perjuicio a un gran número de personas en distintos territorios».
