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Ley del Menor Catalá se muestra contrario a cambiar la legislación ante un “hecho puntual y aislado”

Ley del Menor Catalá se muestra contrario a cambiar la legislación ante un “hecho puntual y aislado”
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado contrario a reformar la Ley del Menor para responder a un caso concreto, si bien ha reconocido que se podrían estudiar las aportaciones de los expertos para revisar una norma cuyo funcionamiento es bueno en general y está promoviendo la recuperación y reinserción de los menores de 14 años con problemas.

Catalá ha insistido en que cualquier tipo de modificación se debe hacer desde la “reflexión reposada y razonable”.

En un desayuno informativo del Diario de Burgos, el ministro se ha referido asimismo a la recuperación de la economía española que vive un proceso de cambio que ha permitido a nuestro país superar la crisis más grave y profunda que ha sufrido en muchas décadas. Las mejoras constantes introducidas por el Gobierno en el modelo productivo y administrativo, ha señalado el ministro, han permitido que la economía haya recobrado su pulso y la creación de empleo trate de alcanzar el ritmo previo a la crisis.

Por eso, según Rafael Catalá, los españoles deben sentirse orgullosos ante el aumento de la competitividad de la economía y después de haber logrado garantizar la supervivencia y sostenibilidad de conquistas irrenunciables como las que aporta el Estado de Bienestar. El ministro ha explicado que el Gobierno siempre ha tenido claro el sentido social de sus políticas y ha trabajado para que nadie sea excluido.

Catalá ha enmarcado las reformas acometidas desde su Departamento en el terreno de la Administración de Justicia en ese proceso global de cambios y ha destacado algunas de esas medidas, tanto en la vertiente de la gestión como en la normativa.

En el aspecto de la gestión Catalá ha hecho referencia a los recursos materiales y humanos señalando que, por primera vez en la Legislatura, el Ministerio de Justicia ha aumentado su presupuesto en un 1,2%, mientras que a finales de 2014 se produjo la mayor ampliación de la plantilla judicial de los últimos años, que en el caso de Burgos se concretó en la creación de una plaza de magistrado para la sección 1ª de la Audiencia Provincial dentro del orden penal. Igualmente, la carrera fiscal sumó 66 nuevas plazas a su plantilla nacional, mientras que la oferta de empleo público, aprobada el pasado 20 de marzo, ha previsto la dotación de 2.026 plazas para la Administración de Justicia.

El ministro ha resaltado el importante impulso tecnológico recogido en el Plan 2015 para la Aceleración de la Justicia en entornos digitales, encaminado a la consecución de una Justicia digital, abierta e innovadora que acerque al sector al objetivo de “papel cero”. En este sentido, el 1 de enero de 2016 marcará un importante hito al imponerse la presentación telemática de escritos y documentos en el mundo de la Justicia.

En el plano normativo Catalá ha repasado las importantes reformas acometidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial  dirigidas a agilizar los tiempos de respuesta de los tribunales mediante el reparto más homogéneo de las cargas de trabajo. También ha subrayado que entre los objetivos de esta ley figura el de lograr una mayor especialización de los órganos judiciales y la eliminación de sentencias contradictorias a través de la adopción de criterios comunes.

En relación con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el ministro ha vuelto a recordar la importancia de acelerar el uso de las nuevas tecnologías y de los medios telemáticos y la necesidad de agilizar y simplificar las notificaciones judiciales.

Dentro del ámbito del proceso penal Catalá considera necesaria la adopción de medidas de agilización, especialmente en lo referente a la lentitud en procesos relacionados con la corrupción lo que suscita una falsa sensación de impunidad. Ante esto, Justicia ha apostado por el establecimiento de plazos de instrucción, posibles si se hace realidad una estrecha colaboración entre el juez instructor y el fiscal, y la supresión del término “imputado”, que redunda en el fortalecimiento de las garantías procesales.

Finalmente, el ministro de Justicia ha resaltado sobre el nuevo Código Penal el efecto de la prisión permanente revisable que atajará la sensación de impotencia social ante la salida de prisión de criminales condenados por delitos muy graves, como los terroristas o asesinos de menores, sin haber dado muestras de arrepentimiento o de que ya no constituyan una amenaza.

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