El Gobierno actualiza las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico

Las indemnizaciones por fallecimiento se incrementan un 50% de media, y por secuelas un 35%

El Ejecutivo también ha aprobado los Proyectos de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y para la Defensa de la Calidad Alimentaria. Además, ha ampliado el Plan de Apoyo al Comercio Minorista.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley que reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que la norma busca «una mejor individualización del daño, conforme a la valoración de las circunstancias personales, familiares y económicas».

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que el texto es fruto del acuerdo entre las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, expertos del ámbito universitario y representantes de entidades aseguradoras.

La futura ley incrementa la protección a las víctimas de accidentes de circulación garantizándoles una indemnización suficiente, avanza en el cálculo de indemnizaciones mediante la identificación del daño emergente y del lucro cesante (pérdida de ganancia legítima por parte de la víctima) y establece un sistema que posibilita la revisión de las cuantías y garantiza el tratamiento continuado a las víctimas, según ha indicado el ministro.

Catalá ha afirmado que se produce «una mejora de las indemnizaciones cuando se producen lesiones o fallecimientos». En el supuesto de fallecimiento, se considerarán las nuevas estructuras familiares. En el caso de secuelas, se refuerza la reparación a los grandes lesionados.

La ley incorpora un sistema de tablas que objetiviza y simplifica la aplicación de las indemnizaciones. Esto favorecerá que se desjudicialice este tipo de reclamaciones. «Habrá más acuerdos extrajudiciales porque tanto la patronal como las asociaciones de accidentados han trabajado en este asunto y hay un consenso muy amplio entre todos», ha añadido el ministro.

Catalá ha argumentado que, desde la perspectiva de las compañías aseguradoras, «objetivar las indemnizaciones y tener reglas claras y conocidas permitirá una cierta estabilidad de precios y evitar el aumento de las cuotas de las pólizas de seguros».

​El titular de Justicia también ha subrayado que el nuevo sistema permitirá indemnizar a las víctimas que desempeñen las tareas del hogar.

Las indemnizaciones se actualizarán en relación al índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Rafael Catalá ha resaltado el impacto positivo que la norma tendrá para el Sistema Nacional de Salud porque «las compañías aseguradoras compensarán a los sistemas nacionales públicos por las prestaciones, tratamientos y reposiciones de prótesis» que puedan requerir las personas lesionadas en accidentes de tráfico.

Mayor protección de la biodiversidad​

El Ejecutivo ha remitido igualmente a las Cortes la modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha destacado que España es el país más rico en biodiversidad de la Unión Europea, ya que cuenta con más de 9.000 especies de plantas y más de 60.000 de fauna -muchas de ellas endémicas- y con una enorme variedad de hábitats.

«La biodiversidad es un patrimonio de los españoles que debemos proteger, y este es el objetivo de la modificación de esta Ley: mejorar el régimen de protección, de conservación y de restauración de la biodiversidad española».

Entre las novedades del Proyecto de Ley, figura la incorporación en el Registro de la Propiedad y en el Catastro de la información sobre las protecciones ambientales que afectan a las superficies incluidas en distintos espacios protegidos, como los Parques Nacionales y Naturales, la Red Natura 2000, los montes de utilidad pública o los humedales, entre otros.

«Lo que pretendemos es ganar en transparencia, dotar de mayor seguridad jurídica a todo lo relacionado con los regímenes de propiedad de los espacios protegidos y garantizar con ello una mejor protección de estos espacios, ya que se protege mejor lo que mejor se conoce», ha afirmado la ministra.

La finalidad de esta medida es puramente informativa, «es decir, no se crean ni se derogan protecciones», ha puntualizado.

Especies amenazadas

Otro aspecto importante de la norma es el referido a la mejora de la protección de las especies amenazadas. La primera importación de especies no autóctonas y que puedan ser potencialmente dañinas requerirá de una autorización administrativa.

Por su parte, la reintroducción de especies autóctonas desaparecidas se regula de forma que no pueda poner en peligro la biodiversidad actual.

Además, el texto incorpora al ordenamiento jurídico español diversa normativa internacional. García Tejerina se ha referido especialmente al Protocolo de Nagoya, que regula el acceso a los recursos genéticos y a la participación justa en los beneficios que se deriven de esa aplicación.

El Proyecto de Ley incluye también una serie de medidas destinadas a fomentar el apoyo de las Administraciones Públicas a las actividades económicas que sean coherentes con la conservación de los espacios naturales protegidos y, al mismo tiempo, contribuyan al bienestar de las poblaciones locales.

En relación con el cambio climático, el texto establece como deber de los poderes públicos que «recojan el diseño de medidas de adaptación, de mitigación, para minimizar los riesgos y los impactos en la biodiversidad española» de ese fenómeno, según ha indicado García Tejerina.

Defensa de la calidad alimentaria

También en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria, «una norma que va a contribuir a la unidad de mercado en todo el territorio nacional en el ámbito del control de la calidad y del fraude alimentario», según ha declarado la vicepresidenta.

Isabel García Tejerina ha enmarcado la norma en la política desarrollada en ese Departamento desde el comienzo de la legislatura para el fomento, la garantía y la protección de la calidad de todos los productos alimentarios que se ponen a disposición de los consumidores. «Entre otras cosas, porque esta es parte de la base del éxito de nuestros productos también en los mercados internacionales», ha apuntado.

El Proyecto de Ley, a juicio de la ministra, responde a la necesidad de disponer de una norma básica actualizada, adaptada a la normativa europea y homogénea a escala nacional para una defensa efectiva de la calidad alimentaria.

Además, ha argumentado, favorecerá la competitividad de las empresas al simplificar los sistemas de control de calidad y al evitar que los operadores se vean sometidos a cargas administrativas derivadas de la multiplicidad de normas autonómicas.

Las empresas tendrán el mismo tratamiento cuando se detecten irregularidades en su actuación con independencia de la comunidad en la que desarrollen su actividad. Además, se incorpora a la cuantía de las sanciones el mandato de la Unión Europea de que estas sean eficaces, proporcionales y disuasorias, de modo que defraudar no salga rentable.

Plan de Apoyo al Comercio Minorista

El Consejo de Ministros ha aprobado, por tercer año consecutivo, el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista. La tercera edición del Plan para 2015 incluye 34 medidas, dos más que en la anterior edición, diseñadas en colaboración con el sector, las comunidades autónomas y diez ministerios.

El objetivo esencial del plan es seguir impulsando la competitividad del comercio, en particular del pequeño, según ha resaltado la vicepresidenta del Gobierno.

Las actuaciones se desarrollarán a través del convenio de colaboración suscrito con la Cámara de Comercio de España y contarán con un presupuesto de cinco millones de euros, un 20% más que el año pasado. Desde 2013 se han beneficiado de las distintas acciones de este programa 38.691 comercios.

Soraya Sáenz de Santamaría ha revelado que el sector comercial minorista ha constituido uno de los sectores más importantes en la utilización de líneas ICO el año pasado, con un importante incremento en la solicitud y la concesión de préstamos.

También ha resaltado que uno de los ejes del Plan es la promoción comercial del turismo de compras. En este ámbito continúa el programa de ayudas para la realización de proyectos singulares destinados a la transformación de equipamientos comerciales, a la modernización de centros en zonas de gran afluencia turística y a la dinamización de centros comerciales urbanos.

Atracción de emigración cualificada

El Gobierno ha recibido un informe sobre la aplicación de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización​. El documento refleja que la emigración cualificada «ha mejorado nuestra capacidad de acogida de inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y empresas» que operan en  España «mediante un sistema ágil y específico de concesión de visados y autorizaciones de residencia», según ha expuesto la vicepresidenta.

El informe recoge futuras recomendaciones que se pondrán en marcha, como la agilización del procedimiento burocrático a los inversores, con la posibilidad de solicitar de forma directa una autorización de residencia en aquellos casos en que el inversor se encuentre en España de forma regular, sin tener que salir al extranjero; la inclusión de la figura del representante del inversor, y una mayor seguridad a los inversores de vivienda, aceptando, por ejemplo, el contrato de arras para que puedan justificar la inversión y obtener un visado de inversión temporal de seis meses, con el fin de que puedan hacerla efectiva.

Asuntos de actualidad

En relación con el accidente mortal sufrido por dos espeleólogos españoles en Marruecos, la vicepresidenta ha hecho llegar a sus familias, en nombre del Gobierno, «nuestro apoyo y solidaridad en momentos difíciles de dolor».

Así mismo, ha recordado que el Ejecutivo se preocupa por lo que les pueda pasar a los españoles en el extranjero y «va a seguir haciéndolo así», con medidas preventivas que alertan de los posibles riesgos y tratando de prestar siempre -también en este caso- el «máximo apoyo», «la mejor asistencia» y «la mayor cobertura», teniendo en cuenta que cada país tiene sus propios protocolos de actuación.

Además, ha destacado la buena voluntad de Marruecos, con cuyas autoridades se han mantenido «muchos contactos» desde que se conoció el accidente, y la existencia de relaciones amplias entre ambos países, que el Ejecutivo trabaja por preservar.​

A propósito del documento sobre la situación en Venezuela firmado por José María Aznar y Felipe González, entre otros expresidentes iberoamericanos, Sáenz de Santamaría ha dicho que se trata de un «llamamiento muy sensato y muy sereno» de quienes han sigo gobernantes y conocen muy bien la situación.

El ministro de Justicia ha asegurado que en la legislación española «no se regula el derecho al aborto como tal» y ha destacado que el propósito del Gobierno en la regulación de esta materia es lograr «el máximo consenso posible»,​ también en el debate parlamentario.

Rafael Catalá, preguntado por determinadas informaciones que apuntan a la privatización de los Registros Civiles, ha asegurado que no existe ningún proyecto de privatización y que todos los funcionarios adscritos a​ estas funciones mantendrán su empleo.

La reforma en estudio, sobre la que se mantiene un diálogo con las comunidades autónomas y los sindicatos, tiene por objeto mejorar un «servicio público, gratuito, cada vez más telemático y cercano a los ciudadanos», ha concluido.