Acusa a Arraiz de pertenecer a «la clandestina Mesa Nacional de Batasuna»
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha pedido una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público para el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por el delito de integración en organización terrorista.
En el escrito de acusación que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el fiscal acusa a Arraiz al considerar que, desde octubre de 2005 hasta el año 2009, formó parte de «la clandestina Mesa Nacional de Batasuna», que de manera «coordinada» con la organización terrorista ETA intentó conseguir «la independencia de Euskalherria mediante la utilización de la violencia».
En concreto, se refiere a la reunión del 4 de octubre de 2007 en la Casa de Cultura de Segura (Guipúzcoa), a la que asistió Arraiz, junto al resto de la Mesa Nacional de Batasuna, si bien la acusación del Fiscal Superior del País Vasco se refiere únicamente a esa actuación por su condición de aforado.
Calparsoro entiende que el ahora parlamentario de Sortu, tuvo participación en la estructura de Batasuna, después de su ilegalización, y que actuó «al servicio de las actividades y finalidades de ETA».
El escrito de la Fiscalía ha rebajado de diez años a seis años la duración de las penas de prisión e inhabilitación que anteriormente había solicitado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, apelando a reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.
«Partidos que perpetúan la estrategia de ETA»
Recuerda que en marzo de 2003, el Tribunal Supremo declaró ilegales a las organizaciones Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, en aplicación de la Ley de Partidos Políticos y diversos procesos penales declararon también la ilicitud de Herri Batasuna y de otras organizaciones de la izquierda abertzale como Gestoras pro Amnistía.
Según recuerda el fiscal, «los dirigentes del entramado integrado en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco crearon una sucesión de partidos políticos, agrupaciones e instituciones con la finalidad de perpetuar la estrategia diseñada por ETA, que sucedía a los anteriormente» ilegalizados.
«Durante el periodo señalado en el que el acusado perteneció a la Mesa Nacional de Batasuna se produjo, además de otros actos terroristas, una campaña del entramado Batasuna-ETA contra el Tren de Alta Velocidad», afirma el escrito de acusación.
Incautación de documentos
En esa campaña, «ETA concretó sus amenazas por medio de diversas acciones violentas con explosivos contra maquinaria e instalaciones de empresas adjudicatarias» del TAV y cometió el asesinato del empresario vasco Ignacio Uría, cuya empresa participaba en esas obras.
El fiscal ha recordado que Arraiz participó en una serie de citas de la Mesa Nacional de Batasuna, a partir de marzo de 2006 en el Hotel Tres Reyes de Pamplona hasta la citada de Segura.
En la operación de Segura fueron incautados documentos de EKIN y Batasuna, en los que se expone «el papel» que debía representar esa organización política ilegalizada «y la referencia a la puesta en práctica de una sola estrategia».
En esa documentación, se concreta la responsabilidad de cada uno de los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna.
